Acusan a EJESA de cobrar IVA de forma oculta y recaudar impuestos por combustibles que nunca usó
Dos ciudadanos presentaron una denuncia penal tributaria ante la Justicia Federal que expone presuntas irregularidades en la facturación del servicio eléctrico por más de $6.600 millones. La maniobra incluiría la omisión y ocultamiento de IVA, junto a la apropiación de impuestos a combustibles nunca consumidos. Tras tomar conocimiento del hecho, el diputado provincial Juan Soler anunció que utilizará las herramientas legislativas para exigir explicaciones a la empresa y a la SUSEPU, sin descartar que la suma de inconsistencias justifique rescindir la concesión.
El esquema tarifario de la energía eléctrica en Jujuy volvió a quedar en el centro de la polémica. Una investigación penal impulsada por un grupo de ciudadanos jujeños puso bajo la lupa de la Justicia Federal el funcionamiento del Sistema Aislado Provincial (SAP) y los conceptos que la Empresa Jujeña de Energía S.A. (EJESA) traslada mensualmente a las boletas de miles de usuarios cautivos.
La presentación judicial detalla la existencia de un "ardid contable, coordinado y sostenido" destinado a eludir los controles de la autoridad de recaudación y defraudar la Hacienda Pública Nacional, afectando simultáneamente el bolsillo de los consumidores residenciales, comerciales e industriales.
Las claves de la denuncia: el mecanismo de facturación y una suma millonaria
De acuerdo con la documentación volcada en la causa, la prestadora del servicio habría incurrido en dos modalidades delictivas claramente diferenciadas según el tipo de usuario, además de la apropiación indebida de tributos vinculados a combustibles.
1. Usuarios Residenciales: ocultamiento y omisión de IVA
En el caso de los hogares, la empresa aísla el concepto bajo la figura del cargo FOPEJ (Res. 655-ISPTyV-18), omitiendo registrar la actividad real de generación aislada ante los organismos fiscales.
Al mismo tiempo, se denuncia la omisión absoluta de la alícuota del 21% de IVA sobre el sobreprecio del Sistema Aislado Provincial (SPSAP $/kWh). Al facturar este importe como "exento" o "no alcanzado", EJESA arrastra al usuario a una situación de defraudación fiscal. Entre mayo de 2024 y mayo de 2025, el perjuicio estimado al Fisco por esta masa de usuarios asciende a $3.550.618.270,97.
2. Usuarios No Residenciales: licuación del tributo
Para los comercios e industrias (Responsables Inscriptos), la maniobra adquiere mayor complejidad. La empresa calcula internamente el IVA (21% o 27%) sobre el sobreprecio y lo incorpora de forma oculta dentro de la tarifa unitaria cobrada.
De esta manera, la distribuidora percibe el monto del débito fiscal directamente del bolsillo del comerciante, pero jamás lo declara ni lo ingresa a las arcas del Estado Nacional. La evasión calculada bajo este rubro alcanza los $2.876.958.720,97 para el período analizado.
3. Impuestos a combustibles no consumidos
El sobreprecio que se le cobra al usuario toma como base el cálculo de cierto volumen de gasoil. Sin embargo, la denuncia señala que los importes recaudados en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos (ITC) e Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2) corresponden a combustible que nunca fue adquirido ni utilizado para la generación eléctrica. La apropiación fiscal por este ítem suma $226.651.211,44.
En total, la cuantía de la presunta defraudación contra la Hacienda Pública Nacional acumulada en 12 meses escala a $6.654.728.203,38.
Resumen del Perjuicio Fiscal Estimado (Período 01/05/2024 - 01/05/2025)
El pedido de informes: la herramienta central del diputado Juan Soler
Ante la gravedad del documento judicial presentado por estos ciudadanos, el diputado provincial Juan Soler sostuvo que el pedido de informes es la vía parlamentaria inmediata y concreta para exigir la rendición de cuentas que la empresa y el Gobierno vienen postergando.
Soler confirmó que elevará desde su banca un pedido de informes detallado para obligar a que tanto la distribuidora EJESA como el órgano de control provincial (SUSEPU) evacúen cada uno de los puntos técnicos planteados en la denuncia. El legislador busca esclarecer formalmente el destino de los fondos cobrados y constatar si existieron comprobantes o respaldos de compras de combustible reales para aplicar los impuestos ITC e ICO2.
Uno de los focos principales que Soler busca indagar en el pedido de informes es si se está incurriendo en un doble cobro. Dado que la SUSEPU autoriza anualmente más de $7.300 millones para cubrir costos operativos del sistema aislado, el pedido busca revisar la contabilidad de la empresa para comprobar si el usuario está abonando esos mismos gastos dos veces: una mediante los fondos reconocidos por el ente regulador y otra mediante los cargos que figuran en las facturas de luz.
Dentro de las gestiones impulsadas por el diputado, se reclama que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) intervenga de oficio en la provincia para Auditar el pago e ingreso del IVA. Soler remarcó que, de ratificarse estas inconsistencias, corresponden severas sanciones administrativas, como el embargo de cuentas, inhabilitación comercial y multas,, sumadas a la responsabilidad penal y civil solidaria que recae sobre los directivos de la firma.
El legislador advirtió que el pedido de informes se da en un contexto en el que la Legislatura ya había acordado citar a los directivos de EJESA ante un plenario de comisiones para dar explicaciones sobre la tarifa y el mal servicio, compromiso que la conducción parlamentaria aún no ha concretado.
Para Soler, la presentación de este pedido de informes representa un paso indispensable para acumular elementos de prueba. "Si la empresa no responde o no puede explicar estos sobrecostos, estamos ante una suma de causales que obligan a la política a revisar seriamente el contrato de concesión y evaluar directamente su rescisión", concluyó el diputado.