Durante la sesión ordinaria del 27 de agosto del corriente año desarrollada en la Legislatura provincial, tomaron estado parlamentario dos pedidos de interpelación dirigidos a funcionarios del Poder Ejecutivo. Las iniciativas buscaban el comparendo de la titular de la cartera educativa y del ministro de Seguridad para dar respuestas ante la Cámara por hechos de suma gravedad institucional.
Interpelación a la ministra de Educación: designaciones irregulares, sobrecostos e impacto en las aulas
En el marco de un clima judicial y social tenso en la provincia, la diputada Laura Tomé Gamez de La Libertad Avanza ratificó la solicitud para que la titular de la cartera educativa rinda cuentas ante el Parlamento jujeño. Irregularidades en la intervención de IES, levantamiento "récord" de sumarios y doble cobro de suplementos de jerarquía en plena austeridad, entre los puntos principales.
Respecto al área educativa, el planteo surgió tras la publicación de un listado con casi 2.000 docentes, hecho considerado una severa vulneración al derecho a la privacidad de datos personales.
La ministra de Educación, Daniela Teseira, asitió posteriormente a la Legislatura y, a traves de su equipo legal, brindó explicaciones. Sin embargo, en esas instancias no se trató de una interpelación formal obligatoria: la funcionaria expuso su versión de la gestión y evitó dar explicaciones sobre numerosas cuestiones.
La iniciativa que ahora también impulsa La Libertad Avanza pretende que la funcionaria comparezca ante el pleno para dar explicaciones sobre una serie de resoluciones y actos administrativos señalados como fuera de reglamento, así como por la falta de un plan de gestión accesible frente a la profunda crisis educativa que atraviesa Jujuy.
Intervenciones bajo la lupa y la "doble vara"
Uno de los ejes centrales del requerimiento se enfoca en el manejo de los Institutos de Educación Superior (IES). Según explicó la legisladora Laura Tomé Gamez, ante situaciones de acefalía, los reglamentos internos disponen de 30 días para convocar a elecciones y establecen que son los propios pares quienes deben elegir temporalmente a las autoridades. Sin embargo, en uno de los establecimientos se procedió a nombrar a un interventor directamente vinculado a la ministra.
"¿De dónde toma la figura de interventor cuando en el reglamento de los IES figura otro procedimiento? En la normativa interna se indica claramente que ante una incompatibilidad o por cuestiones éticas se debe apartar del cargo", cuestionó Tomé, haciendo referencia a los artículos 51 y 52 del reglamento institucional.
Asimismo, la diputada denunció una evidente "doble vara" en el tratamiento de los expedientes docentes. Mientras numerosos concursos y ascensos permanecen parados en perjuicio de los educadores, la oposición detectó casos donde sanciones o anotaciones de mérito (asteriscos) fueron retiradas en un lapso menor a 24 horas mediante resoluciones express que no se reflejan formalmente en la página web oficial.
Austeridad selectiva y parálisis en la carrera docente
El pedido de interpelación también pone el foco en la contradicción entre el discurso de austeridad del Ejecutivo y la asignación de recursos a la cúpula educativa. En marzo de este año, la provincia firmó un decreto de emergencia y austeridad en el gasto público; no obstante, en paralelo se emitió otra normativa que habilitó un suplemento por "jerarquía y representación política, administrativa e institucional" a cargos ministeriales y secretarías.
"Le preguntamos al Ejecutivo por qué existe esa duplicidad en el cobro. La representación política e institucional ya es inherente al cargo de ministro. Exigimos que muestren los procedimientos y la fundamentación de estos cobros", aseveró la legisladora.
La falta de resolución en las vacantes directivas y en las juntas de clasificación genera una reacción en cadena que impacta de lleno en los estudiantes: la parálisis en los concursos impide la llegada de docentes titulares y supervisores a las aulas, afectando la continuidad pedagógica y el cursado normal de las carreras terciarias.
El pedido de interpelación tomará estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria. A partir de allí, el pleno de la Cámara deberá definir si cita formalmente a la ministra para dar respuesta a un temario que combina legalidad administrativa, ética pública y el destino de la educación jujeña.