Las PyMES le dan la espalda a la ley de inversiones

Fue calificada como “la mejor ley del país” por el ministro de desarrollo económico, Juan Carlos Abud Robles, durante la conferencia de prensa donde se defendió por las críticas de quienes lo acusaban de cobrar doble sueldo, uno como ministro y otro como director de YPF.

La ley de promoción de inversiones y empleo fue puesta en vigencia por el gobierno de Jujuy en junio de 2016.

Ofrecía beneficios a quienes inviertan en Jujuy, tanto para empresas que ya estaban radicadas en la provincia como para nuevos desarrollos.

Entre sus beneficios, otorga exenciones impositivas para impuestos provinciales y ofrece la devolución de un 30 % de lo invertido por los empresarios, siempre que sean bienes de capital que permitan observar que la empresa funcionará en la provincia creando empleo.

Pese a que no existen números oficiales, técnicos encargados de su implementación, que integran el ministerio de desarrollo económico, confiaron a Jujuy al momento, que las empresas inscriptas para acogerse a los beneficios de la ley no llegan a 10, aunque no precisaron en detalle cuáles son ni la cantidad exacta.

De acuerdo a cifras aportadas por la casa de producción, dependiente del ministerio de producción de la nación, en Jujuy hay alrededor de 6 mil Pequeñas y Medianas Empresas registradas.

De ese número, alrededor de mil están adheridas a la ley PyME que promociona y difunde por todo el país el gobierno nacional. El presidente Mauricio Macri, en una de sus visitas a Jujuy, le había reclamado al gobierno provincial que adhiriera a la norma nacional.

En la provincia respondieron indicando que la ley de promoción de inversiones “es mejor”. Horas después la Legislatura acusó recibo del pedido presidencial y adhirió a la normativa nacional.

Hoy en Jujuy conviven ambas leyes, e incluso pueden combinarse sus beneficios.

Consultados por este medio sobre el escepticismo del sector privado frente a los beneficios, empresarios advirtieron que es difícil pensar en invertir en un contexto recesivo.

Por otro lado, funcionarios desconfían del empresariado y sostienen que hay “miedo a declarar” la situación patrimonial real de las empresas.

Acogerse a los beneficios de las normas mencionadas implica asumir compromisos respecto de cargas tributarias por empleo y asegurar cierto nivel de inversión.

Al ser consultado por el escaso éxito de la ley de promoción de inversiones, el secretario de desarrollo industrial, Diego Suárez, se excusó asegurando que “los contadores no les informan a los empresarios sobre los beneficios de esta norma”.

Lo cierto es que, salvo trascendidos, el gobierno es reticente a brindar detalles de la aplicación efectiva de la ley.

Hay una certeza: la legislación no ha generado interés en la mayoría de los empresarios locales.