El default pone en riesgo el financiamiento a las provincias

La provincia de Jujuy hoy depende para subsistir pagando salarios y concretando obra pública, casi en un 92% del financiamiento del Estado nacional y corre un alto riesgo de que esos fondos no lleguen en su totalidad y se agraven los conflictos sociales y gremiales.

“Si hoy la provincia ya tiene dificultades con sus empelados para las negociaciones salariales, creo que esto se puede agudizar” consideró el especialista en economía Juan Ljungberg, en diálogo con el programa De Regreso de Radio 2, donde hizo un somero análisis de cómo podría afectar al país esta situación y sobre todo a la provincia.

En este sentido, dijo que “En la provincia esto repercute mucho, probablemente  sean dificultades mayores de lo que ya se tiene hoy desde el punto de vista fiscal el Estado. Como Jujuy es una provincia estado dependiente en forma significativa, esto sí impacta sobre todo en el comercio que creció en los últimos 15 años y viene de la mano del crecimiento del empleo público”.

Explicando el sentido del default en el cual habría ingresado la Argentina al no arribar a un acuerdo con los holdouts, destacó: “Siguiendo lo que dispone el prospecto de la emisión de los bonos, estrictamente yo creo que no es una situación de default, porque dice que se da cuando el deudor no paga el día antes de vencimiento o después de treinta días después de la prórroga, no pone a disposición del banco fiduciario los fondos necesarios para pagarle a los acreedores. En realidad la Argentina puso los fondos, están depositados en el banco New York Melon, lo que pasa es que el banco no puede darle el dinero a los acreedores por una decisión judicial. Hay una situación rara e inédita, en el sentido que el deudor pagó pero el acreedor no cobró. El default, se da cuando no paga y en consecuencia el acreedor no cobra”.

Recalcó que el Juez Griesa impidió que los fondos vayan a poder de los acreedores, que son los tenedores de los títulos reestructurados, porque  “puso como condición para que esos acreedores puedan cobrar, que los otros acreedores que son los que hicieron juicio en su juzgado, cobren antes o simultáneamente. Como Argentina no paga a estos, el juez no permite que esos fondos no lleguen a los acreedores reestructurados, para quienes están depositados los 539 millones de dólares”.

Ljungberg  explicó que cuando Kicillof dice que se ofreció entrar al canje, “significa que los acreedores, estos que hicieron el juicio, no entraron en las dos ocasiones, en el 2005 y en el 2010, en la posibilidad de canjear su deuda original por lo que ofrecía la Argentina a cambio de esa deuda con una quita y con plazo mayores de cobranza. Optaron por hacer un juicio e ir a las resultas del juicio. Si salía en contra no cobraban nada y si ganaba, percibían todo; en este caso ganaron el juicio y van a cobrar todo”.

Resaltó que el problema es que Argentina no va a no cumplir con el fallo del juicio. “En realidad le va a pagar a los holdouts, el problema es que si paga desde hoy hasta el 31 de diciembre, se le abre una posibilidad de juicios de los acreedores que sí habían entrado al canje, afirmando que ‘ahora, nosotros que nos quitaron el 65% del capital y nos pagan en 20 o 30 años, queremos cobrar igual que estos otros, sin quita y ya’. Eso es imposible, Argentina no tiene plata para pagar eso y sería impensable”, expresó.

El economista dijo que hoy la alternativa es que Argentina espere el 1° de enero, fecha en que cae la cláusula Ruffo, que significa que todos tengan igual tratamiento. “Lo que Argentina intentó es patear la pelota para que llegue ese plazo. Estuvo  estudiando a que la Corte Suprema de Estados Unidos tome el juicio y tarde seis u ocho meses en decidir, aunque sea en contra, pero ya iba a pasar el 31 de diciembre. Pasó que la Corte no tomó el juicio y nos quedamos faltando seis meses”.

Por otro lado también recalcó que Argentina hoy está en default, respecto al fallo del juez Griesa “respecto a estos acreedores que no entraron al canje, los que ganaron el juicio por 1.500 millones de dólares y no le hemos pagado”.

A pesar de esta situación de default, en el caso de Argentina no está tomando crédito en el mercado internacional, con lo cual esto no cambia la situación. “Sí pueden tener algunas dificultades bancos o empresas que se fondean en el exterior, que toman créditos en el exterior y no es que no van a tener acceso al crédito, sino que se encarezca ese crédito, aumenta el riesgo país. En la actividad económica, aquellas empresas que estén financiadas parcialmente desde el exterior, van a tener un mayor costo de ese financiamiento”.

Haciendo referencia específicamente a las consecuencias sobre la provincia, dijo que en el caso de Jujuy, “el impacto desde el punto de vista de la actividad económica va a ser muy bajo, por no decir inexistente, de la actividad económica privada”.

Respecto al Estado provincial y su relación con los trabajadores estatales, dijo: “Todo va a depender de cuál sea la estrategia que el Gobierno nacional siga respecto a financiar las provincias o no. Argentina está con problemas serios de la economía nacional con inflación alta y sostenida con el tiempo, un desfinanciamiento del Estado que se financia vía emisión monetaria que a su vez alimenta esa inflación y es probablemente la principal causa de esa inflación y un atraso cambiario relativo. Se usa el dólar para que la inflación no se dispare más  y esto afecta la competitividad de las exportaciones argentinas que en estos primeros seis meses de este año cayó un 12% respecto al año pasado. Esto sí trae consecuencias a nivel de actividad”.

Respecto a los fondos buitre, también reconoció que pueden volver con la alternativa de embargar bienes argentinos. “Ya están detrás de esto, hay algunas acciones judiciales frente al propio juez Griesa y otros tribunales de EEUU, buscando activos argentinos en el exterior, e incluso en algún juzgado han planteado la búsqueda de activos del empresario Baez, sosteniendo que este empresario logró sus bienes a través de sobre precios en la obra pública y por lo tanto esos activos son del Estado nacional y por lo tanto los quieren embargar. Esto es difícil de probar, y después algún otro activo que sea embargable, que no sean de la Defensa. Están tratando de actuar sobre algunos activos de YPF por ejemplo; allí hay una larga discusión legal porque se constituyó como una empresa privada, si es  alcanzable o no y probablemente haya media biblioteca a favor y media en contra”.