Un ministerio desbordado por los dramas sociales
Nadie puede responsabilizar al ministerio de Desarrollo Humano por la perversión de un enfermo que viola y embaraza a una niña de 12 años, por el comportamiento irracional de una madre que golpea salvajemente a su hijo o por otra que lo asesina a golpes.
El problema es que todos estos casos, que son sólo algunos de los que tuvieron lugar en el último año en la provincia de Jujuy, presentaron señales previas que permiten al menos preguntarse si el Estado, que cuenta con enormes presupuestos en el área, no podría haber brindado una mejor respuesta.
En marzo de 2018, el caso Alexis Mamaní disparó la misma pregunta: una enorme red burocrática se había mostrado sin respuestas.
La ministra Ada Galfré tuvo que reconocer que había deficiencias operativas entre el poder ejecutivo y el judicial para articular su trabajo.
A la distancia, las cosas no parecen muy diferentes.
En octubre de 2018 un nene fue noticia tras sufrir un aparente abandono por parte de su madre, según las versiones que trascendían en aquel momento.
Durante la primera semana de enero, esa misma madre se filmó propinándole una brutal golpiza a al mismo niño, su hijo, en una aparente venganza hacia su ex pareja y padre del menor.
De octubre a enero, el estado no acusó recibo de la situación.
El barrio Ejército del Norte en San Pedro de Jujuy es históricamente marginal. Allí la pobreza estructural se incrementa con el paso de los años, y es caldo de cultivo de patologías psicológicas, adicciones y delitos sexuales. Lo conoce toda la comunidad en la zona.
De allí surge el drama de una niña de 12 años, embarazada como consecuencia de una violación, que hoy engendra una criatura de 6 meses, y se ve envuelta en una discusión entre quienes quieren interrumpir el embarazo hoy, y quienes le “sugieren” que continúe para resolver su drama después.
Una ronda de consulta previa a vecinos y familiares devuelven la misma respuesta: no había trabajo previo del estado en el barrio.
Son sólo dos ejemplos, extremos, ocurridos en los escasos 15 días que lleva el año.
Allí el estado pone a disposición de los ciudadanos equipos interdisciplinarios (abogados, psicólogos y trabajadores sociales), con el deber de asistir y asesorar a quienes golpeen la puerta.
Son esas mismas personas a las que se les pide que recorran los barrios, sin presupuestos ni recursos.
Hablar de las caóticas entregas del Plan Social Nutricional demandaría capítulos enteros.
Sólo puede añadirse que cuando se interrogó a la ministra Galfré por las fallas en la organización la autocrítica fue nula, responsabilizó a la gente por ir “muy temprano” y volvió a demostrar esa aire de benefactora convencida de que los alimentos son un regalo del estado y la gente lo mínimo que puede hacer es esperar bajo el sol que los funcionarios vean cómo se los entregan.
El Ministerio de Desarrollo Humano, al igual que el resto de las áreas, se niega sistemáticamente a informar cuál es su presupuesto anual. Mucho menos publica cómo distribuye esos recursos a cada área.
Dentro del presupuesto 2019 el apartado “Bienestar Social” se lleva una partida de más de 9 mil millones de pesos. Puede inferirse que de allí sale el presupuesto que maneja la ministra Ada Galfré.
Pero si no se conocen cuánto dinero tienen en la previa de cada ejercicio, pedir una rendición de cuentas, aunque corresponda, parece una ingenuidad.