- Repaso por las carreras de los tres nuevos/viejos ministros de gobierno.
- Aunque sus antecedentes no son exitosos fueron recompensados, como ya ocurrió con Calsina, Corro, Fiad, Álvarez García, entre otros.
Lavado de cara ministerial y reubicación de aliados
A poco más de un año para el término del mandato, el gabinete vuelve a evidenciar desgaste en áreas sensibles. Con absoluta naturalidad el gobernador enroca apellidos, hasta crea nuevos organismos para salvaguardar a sus fieles correligionarios, aún cuando su gestión resultó aplazada por la opinión pública.
Martínez a Desarrollo, Abud Robles a Producción y Sarapura a Derechos Humanos, los flamantes cambios poco sorprenden al electorado jujeño acostumbrado a los retoques del organigrama cuando la cosa está complicada. Los números no mienten, durante la administración de Gerardo Morales: 27 funcionarios/as desfilaron por 15 ministerios, lapso en el que fueron creadas 3 carteras, incluyendo Ambiente, DD.HH. y Planificación Estratégica.
Sobre esta última hace exactamente un año atrás, asediados por las críticas, Isolda Calsina y Guillermo Corro eran reubicados al tiempo que su exposición disminuía convenientemente. Como viene sucediendo en la órbita nacional, los cambios constantes son un síntoma del desgobierno, norte perdido en términos cartográficos.
Por áreas tan sensibles como Desarrollo Humano, Trabajo, Salud y Seguridad ya pasaron 3 ministros en cada una. Y salvo alguna excepción, los ascensos no estuvieron directamente relacionados con el éxito político, más bien con un proteccionismo digno de un club de amigos.
Como es el caso de Alejandra Martínez, quien se retira del Consejo de la Mujer sin haber pisado la Legislatura, más allá de un encuentro informal con un grupo de diputados por octubre de 2020 y a pesar de ser considerada autoridad de aplicación de la Ley Iara, debiendo presentar informes semestrales que evidentemente no fueron entregados.
Habiendo jurado como ministra, el pedido de interpelación que se venía gestando en la Comisión de Género pierde sentido, en su defecto podría esperarse una visita de buena fe a la brevedad. Para el corriente año solo un documento con fuerte impronta proselitista llegó a la Casa de Piedra, cuyo contenido no reconfortó a los diputados opositores, mucho menos a los familiares víctimas de femicidio que fueron invitados a un acto simbólico.
"Cada 6 meses debía presentar el informe correspondiente del avance de todo lo articulado que marca la ley de emergencia. Y esto se está incumpliendo. La ley Iara surgió del compromiso de la lucha de los diferentes organismos que defienden los derechos de la mujer, para dar respuesta a la necesidad y hoy no se está cumpliendo", fueron las palabras de la actual presidenta de la comisión de Igualdad de Género Patricia Armella para calificar su labor.
La locutora nacional llega al 9/11/22 asediada por críticas basadas en la falta de empatía con las mujeres que debería representar, asesorar y proteger. Durante los casi tres años al frente del Concejo se contabilizaron 19 femicidios, en muchos episodios con defectos probados en los protocolos preventivos, además de la deficiente contención familiar post crimen. El presupuesto aunque insuficiente fue expuesto en numerosas oportunidades por su distribución desigual y si bien se inauguraron numerosos Centros de Atención en el interior de Jujuy, el déficit antes mencionado no pudo ser resuelto, presumiblemente por la falta de recurso humano especializado.
En tanto Natalia Sarapura, bautizada por referentes de organizaciones sociales como “la ministra del hambre”, es recompensada con un nuevo ministerio más cerca de su ex cargo como secretaria de Asuntos Indígenas (2015-2019).
Se retira con pergaminos cuando menos similares a su predecesora Ada Galfré, también en instancias críticas e igualmente reubicada dentro del aparato estatal. Con las cuentas probablemente mejor ordenadas dentro del Ministerio, pero con una precarización de partidas alimentarias notable puertas afuera, aunque a su favor las partidas per cápita para comedores comunitarios se duplicaron pasando de $7 a $14.
Hace siete meses atrás aproximadamente el gobierno provincial anunció: aumentos de un 50% más la inversión en política alimentaria. Los bolsones del programa "Comer en Casa" pasarán a tener de 10 a 15 productos, la tarjeta "Mejor Vida" pasará de $1800 a $2200 mensuales y los comedores escolares tendrán un incremento del 40% del valor de la prestación, pasando de $ 69 a $ 99,50. Esta batería de incrementos no tuvo correlato según integrantes del Movimiento Popular Nuestra América y Movimiento Evita, señalando que en todo caso los beneficiaros fueron elegidos discrecionalmente por afinidad política. El cierre de copas de leche, merenderos y comedores ratifica la acusación.
Si de enroques se trata, Juan Carlos Abud Robles conoce la maniobra a la perfección, puesto que la actual banca de diputado que ocupó hasta el martes, originalmente le pertenecía a Mario Pizarro quien renunció para continuar al frente de la Secretaría de Energía. Aunque su desempeño al menos para el corriente período legislativo ha sido cuando menos escaso, al menos en la presentación de proyectos de su autoría, nula según los registros del sitio oficial.
Incluso su corrimiento del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en 2019, con el diario del lunes parece haber funcionado como un período de oxigenación, a no olvidar que Robles aunque se ufanó de su “impecable administración”, cometió demasiados errores de cálculo durante los cuatro años como ministro: falló en la negociación del Ingenio La Esperanza, también en el emplazamiento de las Zonas Francas, las inversiones internacionales para fabricar baterías de litio. Como si fuera poco mantuvo una pésima relación con los productores tabacaleros y mantuvo una participación oculta, probablemente incompatible, en el directorio de YPF.