En su página oficial, Carlos Haquim, hace referencia a que “se inició una investigación de oficio ante denuncias en medios periodísticos referidas a los deficientes servicios de salud prestados por el Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana”, de San Salvador de Jujuy, situación que habría ocasionado la muerte de siete mujeres”.
Investigan denuncias de casos de violencia obstétrica en Jujuy
El secretario General, a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Carlos Haquim, confirmó que se inició una investigación de oficio, sobre las denuncias públicas de violencia obstétrica que se estarían dando en la nueva maternidad “Héctor Quintana”.
En comunicación telefónica con Radio 2, el Defensor dio detalles de estas investigaciones que se iniciaron, recalcando que se pidieron informes específicos al área involucrada en esta engorrosa situación que afectaría a la salud de cientos de mujeres que se atienden en este centro hospitalario.
También reconoció que las actuaciones se iniciaron ante el conocimiento por parte de los medios de comunicación. “Se ha decidido iniciar una actuación de oficio, para investigar en función de las atribuciones que nos da la Constitución y la Ley para ver si efectivamente existieron estas violaciones a los derechos de las mujeres” especificó.
Respecto a este mal trato institucional recalcó que “la ley la 26,485, Art. 6 inc. C, habla de la denominada violencia obstétrica que es aquella violencia que se le somete a las mujeres en el proceso de parto, situación que hemos atendido en reiteradas oportunidades y hemos tenido resoluciones y exhortaciones a clínicas, sanatorios, ministerios de salud, en función de haber detectado esta violencia obstétrica, respecto a algunas mujeres”.
A la fecha se han cursado pedidos de informes a las distintas autoridades del Ejecutivo provincial, como así también se solicitó la colaboración a la Comisión de Salud de la Legislatura de la Provincia.
Reconoció además que se podría vincular estos hechos a violencia de género: “Dentro de lo que es violencia de género, aparece una caracterización especial, que es la violencia obstétrica. La violencia de género, está reglamentada, y hace referencia a la violencia obstétrica”.
Haquim consideró además que “más allá de esta situación grave, hay situaciones personales y particulares, donde una mujer que asiste a cualquier clínica, muchas veces sufre mal trato. Esto está específicamente reglado en la ley que habla de la violencia de género y son temas a los cuales nosotros nos abocamos desde una oficina especial que tenemos en la Defensoría que trata todos los temas de género”.
Los pedidos de informe tienen un plazo para ser contestados de quince días. “No quita que en algún momento, en el avance de la investigación, pueda ir personal de nuestra institución a hacer una visita a efecto de recabar mayor información o corroborar alguna situación”.
Consultado sobre si no se corre el riesgo de que los informes estén contaminados con lo que el Gobierno interpreta más allá de la realidad, respondió: “Nosotros nos basamos en hechos concretos y no en interpretaciones que se puedan hacer. Lo que se está pidiendo en la actuación, aunque son temas específicos y concretos, lógicamente las repuestas van a ser de público conocimiento, porque esto es una cuestión pública en las actuaciones que hacemos y tendrán que responder en el sentido que se les está consultando. Si hubiera necesidad de corroborar información o de ampliar la misma, es muy probable que haya personal de nuestra institución que vaya a la provincia a ver este tipo de situación”.
El contador Haquin realtó que se están solicitando datos concretos, que van desde la fecha de inauguración del hospital, al detalle de nivel de complejidad capacidad de atención, si cuenta con quirófano. “Si no los tienen que hagan un detalle: si está prevista la incorporación de esta estructura en la maternidad; lo establecimientos a los que se derivan los pacientes en casos de complicaciones de los partos; si cuentan con ambulancias; a qué distancia se encuentran los hospitales a que se derivan los pacientes. Que nos informen las estadística sobre la atención en el hospital Quintana; cuántos partos se realizaron desde la inauguración y cuánto fueron mujeres derivadas; si hubo muertes maternas derivadas por la atención en el Quintana. Si es así cuántas son las personas fallecidas, aclarando en cada caso los motivos del fallecimiento y si se ha iniciado una investigación al respecto. Si se han recibido denuncias por violencia obstétrica y qué curso se la dio a las mismas. Si el hospital brinda información a la paciente, sobre los derechos previstos en el parto humanizado.
Dijo que el propósito es solucionar problemas por la vía de la medicación, del diálogo y solucionar las cuestiones en el ámbito donde normalmente debería estar solucionada esta afectación de derechos. “Si hay cuestiones que deriven a lo penal, lo evaluaríamos en su momento”, afirmó.
Respecto de si se podría iniciar desde la Defensoría del Pueblo de la Nación algún tipo de acción legal, afirmó: “No puedo adelantarme si no hay elementos que estudien los sectores jurídicos de la institución. Se podrá hacer un informe especial al Congreso para poner en conocimiento de la situación. Como primera medida, hacer las recomendaciones en el marco de la ley que tenemos que hacer a las autoridades provinciales, si es que la investigación deriva en que se haga así. El tema legal es una cuestión que hay que analizarla y estudiarla bien”.
También reconoció que las actuaciones se iniciaron ante el conocimiento por parte de los medios de comunicación. “Se ha decidido iniciar una actuación de oficio, para investigar en función de las atribuciones que nos da la Constitución y la Ley para ver si efectivamente existieron estas violaciones a los derechos de las mujeres” especificó.
Respecto a este mal trato institucional recalcó que “la ley la 26,485, Art. 6 inc. C, habla de la denominada violencia obstétrica que es aquella violencia que se le somete a las mujeres en el proceso de parto, situación que hemos atendido en reiteradas oportunidades y hemos tenido resoluciones y exhortaciones a clínicas, sanatorios, ministerios de salud, en función de haber detectado esta violencia obstétrica, respecto a algunas mujeres”.
A la fecha se han cursado pedidos de informes a las distintas autoridades del Ejecutivo provincial, como así también se solicitó la colaboración a la Comisión de Salud de la Legislatura de la Provincia.
Reconoció además que se podría vincular estos hechos a violencia de género: “Dentro de lo que es violencia de género, aparece una caracterización especial, que es la violencia obstétrica. La violencia de género, está reglamentada, y hace referencia a la violencia obstétrica”.
Haquim consideró además que “más allá de esta situación grave, hay situaciones personales y particulares, donde una mujer que asiste a cualquier clínica, muchas veces sufre mal trato. Esto está específicamente reglado en la ley que habla de la violencia de género y son temas a los cuales nosotros nos abocamos desde una oficina especial que tenemos en la Defensoría que trata todos los temas de género”.
Los pedidos de informe tienen un plazo para ser contestados de quince días. “No quita que en algún momento, en el avance de la investigación, pueda ir personal de nuestra institución a hacer una visita a efecto de recabar mayor información o corroborar alguna situación”.
Consultado sobre si no se corre el riesgo de que los informes estén contaminados con lo que el Gobierno interpreta más allá de la realidad, respondió: “Nosotros nos basamos en hechos concretos y no en interpretaciones que se puedan hacer. Lo que se está pidiendo en la actuación, aunque son temas específicos y concretos, lógicamente las repuestas van a ser de público conocimiento, porque esto es una cuestión pública en las actuaciones que hacemos y tendrán que responder en el sentido que se les está consultando. Si hubiera necesidad de corroborar información o de ampliar la misma, es muy probable que haya personal de nuestra institución que vaya a la provincia a ver este tipo de situación”.
El contador Haquin realtó que se están solicitando datos concretos, que van desde la fecha de inauguración del hospital, al detalle de nivel de complejidad capacidad de atención, si cuenta con quirófano. “Si no los tienen que hagan un detalle: si está prevista la incorporación de esta estructura en la maternidad; lo establecimientos a los que se derivan los pacientes en casos de complicaciones de los partos; si cuentan con ambulancias; a qué distancia se encuentran los hospitales a que se derivan los pacientes. Que nos informen las estadística sobre la atención en el hospital Quintana; cuántos partos se realizaron desde la inauguración y cuánto fueron mujeres derivadas; si hubo muertes maternas derivadas por la atención en el Quintana. Si es así cuántas son las personas fallecidas, aclarando en cada caso los motivos del fallecimiento y si se ha iniciado una investigación al respecto. Si se han recibido denuncias por violencia obstétrica y qué curso se la dio a las mismas. Si el hospital brinda información a la paciente, sobre los derechos previstos en el parto humanizado.
Dijo que el propósito es solucionar problemas por la vía de la medicación, del diálogo y solucionar las cuestiones en el ámbito donde normalmente debería estar solucionada esta afectación de derechos. “Si hay cuestiones que deriven a lo penal, lo evaluaríamos en su momento”, afirmó.
Respecto de si se podría iniciar desde la Defensoría del Pueblo de la Nación algún tipo de acción legal, afirmó: “No puedo adelantarme si no hay elementos que estudien los sectores jurídicos de la institución. Se podrá hacer un informe especial al Congreso para poner en conocimiento de la situación. Como primera medida, hacer las recomendaciones en el marco de la ley que tenemos que hacer a las autoridades provinciales, si es que la investigación deriva en que se haga así. El tema legal es una cuestión que hay que analizarla y estudiarla bien”.