En medio de un apagón total a nivel nacional, el gobierno cubano dio este lunes la primera señal de apertura bajo fuerte presión de Donald Trump: los emigrados y sus descendientes podrán invertir y tener sus propios negocios en la isla.
“Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses” y “también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes”, dijo el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC difundida este lunes.
En la entrevista que concedió en La Habana, el ministro explicó que los emigrados podrán tener sus propios negocios en la isla, lo que constituye un viejo reclamo de la diáspora.
El anuncio se conoce en coincidencia con la confirmación de negociaciones con Estados Unidos y el aumento de las protestas y cacerolazos en distintos puntos de la isla. En la localidad de Morón, en el centro de la isla, manifestantes provocaron un incendio en la sede del Partido Comunista local.
Nuevo apagón nacional
Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
“Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento”, explicó en redes sociales.
Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024. La situación se agravó en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos y después de la captura de Nicolás Maduro y el ataque estadounidense a Venezuela.
Trump obligó al nuevo gobierno chavista de Delcy Rodríguez a interrumpir de cuajo el suministro de crudo a la isla.
La economía cubana está virtualmente paralizada sin combustible. La generación de electricidad del país está sostenida por una red de termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación.
Desde el 9 de enero no ha llegado a Cuba ningún tanquero, lo que obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.