Pese a las advertencias, siguen las "chicanas" en la megacausa
La causa por corrupción más grande de los últimos tiempos en Jujuy avanza en medio de una madeja de obstáculos procesales que presentan en forma sistemática los abogados defensores de los principales imputados.
La investigación intenta dilucidar las responsabilidades de 23 imputados, entre los que sobresalen el ex gobernador Eduardo Fellner y la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, quien se encuentra detenida.
Ocurre que, ante cada recurso presentado por los imputados, se extienden los plazos para que el juez resuelva, lo que redunda en una demora "in eternum", según la calificación utilizada por los propios fiscales.
El planteo no deja de causar sorpresa en la querella, ya que se trata de una cuestión ya rechazada con anterioridad, ante un recurso similar presentado por los abogados de Luis Cosentini, ex ministro de tierra y vivienda que también se encuentra imputado en la causa.
En efecto, el juez de primera instancia en el fuero federal, Wenceslao Cardozo, rechazó el pedido realizado por los abogados Alberto Matuk y Ricardo De Aparici y llegó a recomendarles incluso que se abstengan de obstaculizar el avance de la causa en forma deliberada.
Pese a ello, los defensores insistieron y llevaron su recurso a la Cámara de Apelaciones de Salta.
Esta insistencia, técnico-legal, no deja de llamar la atención por las personas de las que se trata.
Matuk, que en este caso ejerce como abogado defensor, fue integrante activo del Gobierno de Eduardo Fellner y Walter Barrionuevo, periodos políticos en los que se aprobó y puso en funcionamiento el actual código de procedimiento penal.
No son pocos los que señalan al abogado como uno de los artífices de la redacción del texto posteriormente aprobado, ya que supo ser una suerte de operador judicial durante el fellnerismo.
“Conoce todos los vericuetos del código”, aseguran juristas locales al referirse a Matuk, quien es hoy además diputado provincial por el Partido Justicialista.
Tras la presentación, será la Cámara de Apelaciones de Salta quien resuelva sobre el planteo, que esencialmente cuestiona la intervención de la justicia provincial y solicita que la mega investigación pase a la órbita de la justicia federal, argumentando que se investiga el destino de dinero con origen en el tesoro nacional.
En tres instancias, este planteo fue rechazado con anterioridad, ya que se considera que los recursos (1.300 millones de pesos) ingresaron a las arcas del estado provincial, debía ser destinado a ciudadanos jujeños, con lo cual es la justicia de la provincia quien debe intervenir.