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Sospechan de un fraude detrás de los expedientes fantasma del ISJ

Millones de pesos y recursos de la obra social fueron invertidos en trámites de los que no hay documentación. De esta forma, no se puede controlar la forma en que se administró una de las cajas más grandes del estado provincial. 

El Instituto de Seguros de Jujuy, la obra social más grande de la provincia, la que brinda cobertura a los 85 mil empleados públicos jujeños, afronta una severa revisión por parte de las nuevas autoridades y la justicia, luego de una administración caracterizada por la falta de transparencia. 

Días atrás, el nuevo presidente de obra social Carlos Ibarra reveló la existencia de 230 mil expedientes carentes de documentación respaldatoria. Cada expediente contiene los registros de los gastos que el organismo realiza, ya sea para la cubrir las solicitudes de los afiliados o para las compras y obras de infraestructura la institución realiza para sí misma. 

Ante la ausencia de la documentación se torna imposible controlar la forma en la que se invirtieron recursos a fin de determinar si se trató de un gasto eficiente o por el contrario, hubo maniobras que perjudicaron el erario público. 

Posteriormente, la vocal 1° del organismo, Ana María Jorge, aportó que no sólo se trata de 230 mil expedientes perdidos, además que hay alrededor 560 mil con documentación incompleta. 

“La sospecha es que puede tratarse de un fraude”, aseguró la funcionaria ante el desajuste administrativo encontrado. 

El nuevo directorio tiene previsto realizar presentaciones a fin de ampliar la denuncia que ya realizó Fiscalía de Estado ante la justicia penal a fin de que se investiguen hechos irregulares en la administración del ISJ. 

En esa causa se encuentran imputados el ex presidente, Daniel Palumbo, y uno de sus colaboradores más estrechos, Luis Ugarte, por abuso de autoridad y fraude a la administración pública. 

Jorge recordó que el directorio encabezado por Palumbo omitió realizar la presentación de balances durante sus últimos siete años de gestión. “Fueron más de 10 años en los que no se hacían controles”, estimó la funcionaria.