Caso Milagro Sala: Piden la inmediata detención de Tolosa y Gutiérrez
Horas decisivas para el futuro del ex vocal social del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy, Pablo Tolosa Perea y la contadora Marta Gutiérrez, jefa del departamento financiero del organismo.
Ambos están implicados en la megacausa que investiga el robo de dinero destinado para la construcción de viviendas, ya que su firma aparece estampada en medio de los trámites administrativos que realizaban las cooperativas para hacerse con los fondos que llegaban a la provincia.
Esencialmente se les cuestiona haber autorizado los pagos sin comprobar fehacientemente que las obras se realicen, habilitando la salida de recursos públicos con destino incierto.
Por esa razón la justicia sospecha que formaron parte de una asociación ilícita.
En su defensa, los ex funcionarios aseguran que sólo se limitaban a obedecer decisiones políticas que imponían los funcionarios de primera línea, quienes ejercían el poder político real en el Estado durante los años de gobierno kirchnerista.
Sus respectivos abogados defensores habían logrado, en distintas instancias, que los sospechosos recuperaran su libertad.
Sin embargo, la fiscalía interviniente cuestionó el fallo de primera instancia que ordenó el cese de detención ante la Cámara de Apelaciones. Este último tribunal hizo lugar y revocó el fallo.
Posteriormente los inculpados presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia por esta última decisión.
La discusión está dada en la condición en la que deben esperar Tolosa y Gutierrez la resolución de la causa: libres o en la cárcel.
Ahora, fue el Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal general Sergio Lello, quien se pronunció solicitándole al Superior Tribunal de Justicia que disponga la detención de los dos acusados.
Entre sus argumentos, Lello explica que Tolosa y Gutiérrez participaron de hechos que perjudicaron seriamente a sectores desprotegidos de la sociedad, como son las personas que carecen de una vivienda, y remarcó que los inculpados en su condición de funcionarios “violaron sus obligaciones morales, lesionando el poder delegado por el soberano y las más elementales normas de ética profesional”.