La titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula Litvachky, está en Jujuy desde hace algunas semanas, “informándose” de causas contra manifestantes por estos incidentes; “también conversamos con sindicalistas y miembros de comunidades aborígenes sobre la reforma constitucional y la intimidación a través de contravenciones a referentes y personas que participaron de manifestaciones”.
“Mientras pasan los días caen más contravenciones a personas que, supuestamente, participaron de las protestas. Hubo algunos casos en que personas que no estaban en Jujuy fueron notificadas de contravenciones”, indicó.
CELS: "El uso de estás contravenciones es para desmovilizar las protestas"
Asimismo, sostuvo que “el uso de las contravenciones por situaciones de protesta está muy discutido. Hay estándares de derecho internacional muy claros que indican que no se pueden usar para limitar o restringir el derecho a la protesta. El procedimiento es rápido: en algunos casos se cierran y funcionan solo como forma de amedrentamiento, porque después se llega a la audiencia de juicio y la fiscalía retira la acusación. En otros casos las multas son elevadas y terminan siendo trabajos comunitarios, pero igual son una espada sobre la cabeza”.
“Es engañoso decir que se protege el derecho a la protesta si al mismo tiempo se despliegan estrategias de criminalización”, consideró.
