Resulta urgente, casi imperativo, que el ministro Gómez deje de lado el discurso protocolar y publique con precisión quirúrgica los números de las regalías, porque lo planteado por el licenciado Aramayo es una alarma que no se puede ignorar. Si es cierto que la provincia percibe apenas un 0,3 % en regalías, estamos hablando de una cifra que no solo es irrisoria, sino que representa diez veces menos de lo que ya establecía la cuestionada ley nacional de los años noventa; un esquema que, de confirmarse, se traduce directamente en un saqueo legalizado de nuestros recursos.
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Con regalías, más desarrollo; sin regalías, más precariedad
La asunción de José Gómez al frente del flamante Ministerio de Minería de Jujuy se presenta bajo un barniz de modernización y transparencia, pero lo cierto es que estas palabras chocan inevitablemente contra una pared de cifras que hoy no cierran para el bolsillo de los jujeños. Mientras el gobierno promociona con entusiasmo que la minería ya representa el 10 % del Producto Geográfico Bruto y se jacta de una “explosión productiva”, en las calles de la provincia el beneficio brilla por su ausencia.
Es inaudito que empresas como la absorbida por Río Tinto declaren ingresos por más de 1.100 millones de dólares mientras la provincia, según la Cuenta de Inversión 2024, recibe apenas unos 11 millones de dólares. ¿Cómo se explica que se produzcan derivados de altísimo valor como el hidróxido de litio y el pueblo jujeño solo vea pasar las fortunas hacia el exterior?
El ministro Gómez habla de “jerarquizar el sector”, pero la verdadera jerarquización no es crear un ministerio para sumar burocracia, sino tener la voluntad política de investigar y revertir este esquema donde la rentabilidad corporativa multiplica por diez la media global, mientras el Estado provincial no puede dar respuesta a las necesidades básicas de su gente. La sociedad jujeña exige una conferencia de prensa con datos abiertos y reales, no más promesas de digitalización; porque mientras el gobierno vende el éxito del litio, el derrame hacia la comunidad sigue siendo una ficción contable que solo beneficia a las mismas manos de siempre.
Si analizamos el espejo regional, el contraste es tan violento que deja al descubierto la precariedad de la política minera jujeña y le pone una vara altísima al ministro José Gómez para que dé explicaciones reales. Mientras en Jujuy se discute si el goteo llega al 3 % o si se hunde en ese vergonzoso 0,3 % que denuncia Aramayo, nuestros vecinos han diseñado esquemas que priorizan la soberanía económica sobre la entrega inmediata.
En Chile, el modelo de contratos impone tasas de regalías móviles que pueden escalar hasta el 40 % dependiendo del precio del litio, asegurando que cuando las empresas ganan fortunas extraordinarias, el Estado chileno capture una tajada proporcional para su desarrollo. Por otro lado, Bolivia mantiene un control estatal absoluto sobre el recurso, donde la renta se queda mayoritariamente en el país, muy lejos del modelo de “puertas abiertas” que hoy permite que en Jujuy veamos pasar camiones cargados de riqueza mientras los hospitales y las escuelas siguen esperando el famoso derrame.
Es fundamental entender que Jujuy no está compitiendo en igualdad de condiciones, sino que está rifando un recurso estratégico no renovable. El ministro Gómez debe explicar por qué, en medio de esta bonanza de precios internacionales —donde el carbonato y el hidróxido de litio multiplican la tasa de ganancia global— la provincia se aferra a un esquema de migajas que nos deja en una desventaja humillante frente a Chile.
No se puede hablar de seguridad jurídica solo para los inversores; la verdadera seguridad jurídica debe ser para el pueblo de Jujuy, garantizando que el contrato social no sea un cheque en blanco para el saqueo. Si no se publica de inmediato la estructura de costos y lo que efectivamente queda en las arcas públicas, la jerarquización del ministerio será apenas un decorado institucional para ocultar que, mientras otros países capitalizan el “oro blanco” para transformar su matriz productiva, aquí seguimos festejando las migajas de una fiesta a la que no fuimos invitados.
Gómez debe transparentar la Resolución 011 de la Dirección de Minería y los acuerdos específicos que habrían permitido, mediante incentivos por “procesamiento local”, que la regalía efectiva baje a niveles cercanos al 1 % o incluso menos, tal como señalan las auditorías externas. Estamos ante un andamiaje jurídico diseñado para el extractivismo puro: la Ley 24.196 les da estabilidad cambiaria y exenciones impositivas, la ley provincial de modernización facilita el trámite administrativo y las resoluciones internas terminan de perdonar el aporte económico real.
Si el ministro no deroga o revisa estos instrumentos que transformaron el 3 % en una cifra irrisoria, su gestión no será más que la escribanía de un saqueo que ya tiene nombre, apellido y leyes a medida.
Es vital imponer la transparencia en la participación de JEMSE, demandando que se publiquen los balances detallados de la empresa estatal y se aclare si ese 8,5 % de participación realmente llega a las arcas públicas o si se diluye en gastos administrativos y burocracia partidaria. Además, el control comunitario vinculante es fundamental: las comunidades no deben ser solo consultadas, sino tener poder de veto y participación directa en la vigilancia ambiental y económica, asegurando que el canon minero se deposite en fondos de desarrollo local auditables y no en la caja general del gobierno.
Finalmente, se debe exigir la eliminación de los topes a las regalías, impulsando desde la Legislatura una reforma que rompa con el techo del 3 % y establezca un piso digno que refleje el valor real de un recurso estratégico que pertenece a todos los jujeños y no a un puñado de accionistas en el exterior.
El ministro Gómez debe convocar a una audiencia pública para responder estas cuestiones, ya que la “modernización” de la que habla es solo un título. Aquí lo moderno es salir del pensamiento anacrónico de ocultar información, impartido por el exgobernador Morales, que entiende la democracia como una cuestión patrimonial.