Fuerte interna por el futuro de la justicia penal
La Comisión de Modificación del Código procesal Penal se conformó con el objetivo de introducir ciertos cambios en los procesos judiciales atendiendo una demanda de la sociedad por mayor celeridad en las causas pero sobre todo para evitar la paralización de las mismas.
La oralidad, la eliminación de las trabas burocráticas y del abuso de determinados recursos que solo persiguen la dilación de las causas se plantearon como metas centrales, como así también la creación de la Oficina de Gestión Penal Judicial.
Con la clara intención de aunar criterios y mostrar un postura consolidada respecto a la modificación del código procesal, se dio participación dentro de dicha comisión a referentes de las distintas instituciones del poder judicial y en ministerio Público de la Acusación como así también del poder político, tanto del oficialismo como de la oposición.
Sin embargo, a poco de concretadas las primeras reuniones, las discrepancias entre los miembros comenzaron a acrecentarse al punto de que tres instituciones decidieron renunciar a la Comisión, a saber Poder Judicial, Colegio de Magistrados y bloque de la opisición de la Legislatura (PJ); con los retiros de Pablo Pullen Llermanos, Néstor Hugo Paoloni y Alberto Matuk, respectivamente.
Tanto Matuk como Issa remarcan la falta de objetivos definidos y una preocupante intención de dotar de mayor protagonismo a la parte acusatoria atentando así contra el equilibrio de todo proceso judicial.
"Una comisión debe trabajar de forma coordinada, con una metodología de trabajo, en forma sistemática apuntando a un mismo objetivo. Vemos con preocupación que no hay metodología , no hay un eje desde donde plantear la reforma", argumentó Issa al ser consultada sobre el trabajo de la comisión.
Más inquietante aun es lo que advierte Matuk respecto de hay una intencionalidad política que excede el tema estrictamente jurídico legal y que busca facilitar la intromisión del gobierno en cuestiones que le son ajenas.
"Se busca despersonalizar la función judicial con la creación de una oficina de gestión judicial que directamente le maneja todo al juez" señala el diputado remarcando que el director de dicha oficina será designado por el poder Ejecutivo.
Frente a este panorama, y con muchas dudas sobre las demoras que estas divisiones puedan generar, dos anteproyectos se están elaborando: por un lado uno en el que trabaja el Superior Tribunal de Justicia junto al Colegio de Magistrados y por otro el de esta cada vez más reducida comisión de modificación del Código Procesal Penal.