Poco consenso para la última etapa de la reforma educativa en Chile

El proyecto gubernamental también choca contra las múltiples diferencias surgidas en los partidos de la oficialista Nueva Mayoría, por lo que se esperan varios meses de debate en el Legislativo.

Para la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) la propuesta propone índices "inalcanzables" de crecimiento económico para llegar a la gratuidad universal.

Según Gabriel Iturra, de la Federación Universitaria Central, serán necesarios más de 30 años para lograr la gratuidad total, mientras el gasto militar, cuestiona, sigue garantizado por la Ley de Reserva del Cobre,  establecida por la dictadura de Augusto Pinochet, y que es un porcentaje de la venta de la principal producción del país, que además se margina del presupuesto nacional, y va directamente a las Fuerzas Armadas.

Para pasar de la gratuidad para el 60 por ciento de los estudiantes de familias hasta el sexto decil económico (considerado sectores vulnerables por sus ingresos), y lograr un crecimiento económico de largo plazo del 23,5 por ciento anual, para subir luego un decil por cada punto de nuevo aumento del PIB, como propone la reforma, requiere, para beneficiar al total de los universitarios, según varios economistas, un difícil ingreso adicional de 18.000 millones de dólares en el país.

La gratuidad total de la educación técnica y universitaria demandaría, según el Ministerio de Hacienda, unos 4.000 millones de dólares, alrededor del 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

"Si Chile tuviera esa plata, la pregunta siguiente es si queremos usar toda esa plata en educación superior o hay otras necesidades que compiten con ésta", señaló el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, citado por el diario santiaguino La Tercera.

En este contexto, descartó un aumento de impuestos a los ciudadanos para financiar la medida y aseveró que "en este gobierno nosotros no vamos a hacer nuevas reformas tributarias", como la que acompañó a la primera parte de la reforma educativa, desde los jardines de infantes,  los colegios primarios hasta los secundarios.

Lo cierto es que en los últimos 30 años, desde fines de la dictadura, el sistema educativo chileno basado en el lucro provocó una "jibarización" de las universidades estatales tradicionales, que sólo cubren hoy el 15 por ciento de la matrícula, según fuentes del portal El Mostrador, mientras el 85 por ciento restante fue absorbido por las casas de estudio privadas.

Estatales y privadas, hasta ahora financiadas por las familias, sobre todo con los Créditos con Aval del Estado (CAE), las endeuda en forma creciente, ya que una carrera, supone en promedio, según la Confech, entre 5.000 y 7.500 dólares anuales.

Esto explica por qué la banca privada ganó unos 754.000 millones de dólares sólo con la recompra de deudores familiares de la CAE.

Las organizaciones estudiantiles protestan, por otra parte, porque esta reforma de la presidenta Michelle Bachelet se hizo "entre cuatro paredes", sin participación de los jóvenes, docentes, trabajadores y ciudadanos.

Por otra parte, el Consejo de Rectores (Cruch), conocido como G9, también levantó su voz de rechazo, porque el sector que integran los que encabezan universidades privadas se quejan de que no fueron invitadas por el gobierno a participar, como sí lo fueron las estatales, lo que provocó una fuerte división interna.

También los distintos partidos que integran la coalición de gobierno, Nueva Mayoría, difieren en varios aspectos del proyecto, por ejemplo, el Partido Comunista de Chile sostiene que será necesaria una reforma tributaria global para hacer viable esta reforma.

El proyecto enviado al Congreso crea varias organismos de control y supervisión, como la Subsecretaría de Educación Superior, para garantizar que las entidades privadas o públicas que reciben los fondos estatales para las universidades sean "sin fines de lucro",  o sea , que los utilicen íntegramente para fines educativos.

Establece también sanciones en caso de no cumplir con ese criterio, aunque son castigos "menores" según la Confech, ya que a su juicio, no está establecido el "lucro" en educación como un "delito".

La reforma educativa de colegios primarios y liceos secundarios, que demoró ocho meses de debate en el Legislativo, y no dejó satisfechos a muchos sectores sociales, lo que se expresó en masivas marchas y concentraciones de protesta, reduce gradualmente la selección del alumnado por parte de los establecimientos educativos que reciben aportes del Estado,  tanto a través de pruebas de ingreso, como por discriminatorios antecedentes económicos.

También, según el Ministerio de Educación, entre este año y el 2018, más de 730.000 alumnos dejarán de pagar los estudios, aunque no excluye "aportes voluntarios" de los padres a los colegios, que sin embargo no podrán ser "regulares", pero aún quedarán muchos otros que deberán seguir aportando sus "copagos" por bastantes años más.

Fuente: télam.