Por ahora, Balconte le escapa a la justicia

La justicia llega, aunque a veces puede demorar. Es lo que se observa en el caso de la diputada sanpedreña, integrante de la organización Tupac Amaru, Mabel Balconte, quien llegó a la cámara en 2015 de la mano de Milagro Sala.

El gobierno presentó en la justicia documentación que la involucran en la desaparición de varios millones de pesos que llegaron a Jujuy para la construcción de viviendas, que jamás fueron construidas.

Ante las evidencias, la legisladora tupaquera fue citada por la justicia, la que pidió le pidió a la Cámara de Diputados de la provincia que trate su desafuero, a fin de que pierda los privilegios de los que goza un diputado y comparezca como cualquier ciudadano ante la justicia.

Sin embargo, un cuestionado artículo del Código Procesal de Penal de la provincia la protege y por ahora, le permite zafar de la requisitoria del juez.

Se trata del artículo 34 de dicha norma que permite a los abogados de Balconte interponer recursos para discutir el pedido de desafuero del juez en numerosas instancias.

De manera que si el juez de primera instancia pidió a los otros legisladores que le quiten las inmunidades, Balconte y sus asesores tienen la posibilidad de discutir esa decisión ante la Cámara de Apelaciones. Pero el trámite no termina ahí. Si la Cámara de Apelaciones tampoco le da la razón, Balconte puede nuevamente recurrir, en este caso al Superior Tribunal de Justicia, y si allí tampoco obtiene una respuesta favorable, podría llevar su pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras todo ese proceso se resuelve pueden pasar años hasta que los diputados puedan discutir si le quitan los fueros a la actual diputada, acusada de corrupción.

Para el diputado del frente Cambia Jujuy, Ramiro Tizón, se trata de “un cerco de impunidad que se ha pretendido poner para todos los funcionarios, y además avanza un poder sobre otro, ya que los jueces no tienen nada que decir sobre los pedidos de desafuero o incluso juicio político”, analizó.

“Tenemos en la provincia muchísimas denuncias contra concejales, intendentes, ex intendentes, y queremos levantar esa barrera; si un juez necesita detener a alguna de estas personas, queremos que pueda pedir el juicio político o un desafuero, y que con el simple pedido el proceso se inicie. Esto hoy no se puede, está vedado”, explicó Tizón.

Mañana la Legislatura tratará precisamente la modificación de este artículo que garantiza una suerte de impunidad encubierta, al facilitar que por la complejidad del proceso, un dirigente escape de la justicia aun cuando haya pruebas suficientes para incriminarlo.

Sin embargo, en caso de la modificación se aprobara, su aplicación va regir para los hechos que se cometan de allí en adelante.

Aunque sea esto un avance para luchar contra la impunidad que asegura el sistema, Balconte, por ahora, seguirá zafando.