Causa Caspalá a juicio: la jueza confirmó acusación a ex funcionarios y cruce por fondos
Tras el escandaloso proyecto que avasalló tierras comunitarias en el norte y el destino incierto de los fondos nacionales para la escuela, la causa judicial contra ex funcionarios provinciales ya tiene requisitoria fiscal. Sin embargo, la resolución final para ir a juicio oral permanece cajoneada en la Corte Suprema.
- Causa Caspalá: La requisitoria fiscal acusó a ex funcionarios provinciales y pidió penas por irregularidades en un proyecto escolar.
- Freno judicial: El expediente lleva más de un año paralizado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación esperando resolución.
- Incertidumbre: Falta determinar qué ocurrió con los fondos nacionales destinados a la escuela que nunca se construyó.
La causa judicial que investiga los graves hechos ocurridos en la localidad de Caspalá se encuentra en una etapa de definición crucial. Mientras la Requisitoria Fiscal ya acusó formalmente a ex funcionarios del Ejecutivo provincial y solicitó penas por las irregularidades en el proyecto escolar, el expediente enfrenta un freno decisivo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde lleva más de un año esperando resolución.
El caso, que se originó a partir de la imposición compulsiva para construir una escuela sobre la cancha del pueblo y terrenos sagrados para la comunidad originaria —sin la correspondiente consulta previa, libre e informada—, derivó no solo en un violento conflicto territorial, sino también en un escándalo por el manejo de los recursos económicos públicos.
En diálogo exclusivo, la titular del Juzgado Federal N° 2, la jueza Carina Gregoraschuk, confirmó que la investigación sobre el terreno y la acusación formal ya fueron concluidas por el Ministerio Público Fiscal: "Con el tema de las imputaciones, la causa ya tiene requisitoria fiscal, el Ministerio Público Fiscal ya acusó a determinados funcionarios del Ejecutivo provincial".
La maniobra defensiva y la traba en la Corte
Sin embargo, el avance hacia el Juicio Oral y Público se encuentra paralizado debido a un recurso presentado por los abogados defensores, quienes intentan quitarle la causa a la Justicia Federal planteando una supuesta incompetencia.
Ante esto, la jueza Gregoraschuk fue contundente respecto al sólido respaldo que tiene la jurisdicción federal para juzgar el hecho: "Yo rechacé la incompetencia y sostuve que la competencia es federal por tratarse de un convenio con fondos nacionales. La Cámara de Apelaciones de Salta lo confirmó, la Cámara de Casación también y el Procurador General de la Nación ya sacó su dictamen sosteniendo la competencia federal en estas actuaciones", remarcó la magistrada.
Pese a tener tres instancias judiciales superiores y al máximo representante de los fiscales nacionales a favor de la competencia federal, el expediente duerme en los despachos del máximo tribunal del país: "Solo resta que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lleva más de un año sin expedirse", detalló la jueza.
Camino al banquillo de los acusados
Respecto a la situación cautelar de los exfuncionarios involucrados, la magistrada indicó que mantienen medidas leves atadas al proceso debido a que poseen arraigo en la provincia y no representan riesgo de fuga.
Una vez que la Corte ratifique lo que ya dictaminaron todas las instancias previas, la causa pasará a un juez camarista para resolver los planteos de prueba de las partes y, de forma inmediata, se fijará la fecha para el Juicio Oral y Público ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy (TOF).
Allí no solo se ventilará la responsabilidad de los funcionarios que ejecutaron el despojo territorial a la comunidad de Caspalá, sino que además se buscará responder la gran incógnita que atraviesa a la provincia: qué pasó con los fondos millonarios enviados por la Nación para una escuela que nunca se construyó.