La gestión Fellner en la mira tras la denuncia de los ex intendentes
Seis ex jefes comunales denunciaron por “coacción” a Milagro Sala y abrieron una línea de investigación en la justicia que podría determinar la responsabilidad de funcionarios provinciales en el robo del dinero para viviendas.
Con el patrocinio del ex fiscal de estado y actual diputado fellnerista, Alberto Matuk, seis ex intendentes identificados políticamente con el gobierno que abandonó la gestión el pasado 10 de diciembre, se presentaron ante la fiscalía N° 6, a cargo de Gustavo Araya, para ratificar su denuncia por “coacción”, contra la dirigente Milagro Sala, hoy detenida por fraude a la administración pública.
Los ex jefes comunales Julio Moisés (San Pedro), Jorge Ale (Libertador), Alberto Ortíz (Palpalá), Nilson Ortega (Monterrico), Rolando Ficoseco (Perico, en funciones) y Gustavo Bautista (La Esperanza), intentan despegarse del escándalo por el robo del dinero para la construcción de viviendas por el que la justicia mantiene detenida a Sala.
Aseguran que eran presionados para remitir los fondos que llegaban desde el gobierno nacional, y que si no lo hacían, las organizaciones sociales que lideraba la Tupac Amaru, “les incendiaban el municipio”.
Ante tal manifestación, el fiscal ahora se pregunta cuál fue la responsabilidad del gobierno de la provincia, en el entendimiento de que si los intendentes manifestaban ser presionados, los funcionarios provinciales deberían haber denunciado la situación.
“La versión siempre es la misma, que estaban amenazados, que si no hacían lo que les decían les incendiaban el municipio; lo que hay que estudiar en el equipo de trabajo son las responsabilidades de los funcionarios, porque si los intendentes conocían y habían puesto en conocimiento al gobierno de esta situación, entonces qué hizo el gobierno”, indicó el fiscal Araya en diálogo con Radio 2.
La semana que pasó se procedió a concretar la ratificación de cada denuncia. “Era necesario ampliar y que me explicaran porque lo hicieron ahora”, explicó Araya.
A partir de ahora, la justicia investigará la responsabilidad de quienes integraron el gobierno provincial, por permitir el supuesto sistema de presión para remitir el dinero de las viviendas a los cooperativistas, sin ejercer el control que les correspondía.