Hijos y entenados: para los amigos todo, para los que protestan contravenciones
La criminalización de la protesta se ha vuelto una práctica habitual en los últimos años de gestión del gobernador Gerardo Morales. El Ejecutivo provincial se vale de cuanto tiene a su alcance para arremeter contra sus detractores: causas contravencionales, investigaciones en la oficina anticorrupción y persecución policial.
“Todos somos iguales ante la ley” es un axioma que, en el marco de esta gestión, ya no se lleva a la práctica.
Haciendo un repaso de lo acontecido en los últimos meses, nos encontramos con situaciones en las que el ejercicio de poder del estado se focalizó en el despliegue de las fuerzas de seguridad cada manifestación popular.
Sólo puede marchar el oficialismo
La vigilancia de los manifestantes, la infiltración en las marchas y el permanente hostigamiento hacia quienes deciden exponer su descontento deja en evidencia el lineamiento que llega desde Casa de Gobierno: disuadir y desarticular cualquier posible foco de conflicto incluso, más aún si se plantean cuestiones de mala gestión de recursos económicos.
Esto, por supuesto, no se aplica a los cortes de calle y la utilización de recursos del estado que hace el oficialismo que en plena campaña.
Lleva colectivos con militantes a distintos puntos de la provincia, realiza actos grandilocuentes frente a Casa de Gobierno, y los propios funcionarios interrumpen realizan cortes de calle sin que sin ser intimados por la policía.
…es Estado al servicio del Estado…
La gestión Morales hace tiempo que intenta ocultar bajo la alfombra la falta de paz social que tanto pregona en actos y hasta en los medios nacionales, intentando proyectar el panorama de una provincia “bajo control”.
Como extensión del “puño de hierro” del gobierno, en los últimos meses la policía marcó presencia.
Intimaciones y multas, la clave para disciplinar a los detractores
En realidad, la interpretación de ese “control” se traduce en intimidaciones y contravenciones como practica disciplinadora hacia manifestantes de organizaciones sociales, gremios, docentes autoconvocados y hasta una madre que pide justicia por el femicidio de su hija. A Mónica Cunchilla, la policía le prohibió colgar carteles en las rejas de casa de gobierno y la amenazaron con una contravención.
Capacitadoras, que hace unos días se encontraban en plaza Belgrano reclamando ser reconocidas como docentes, también recibieron su “correctivo” ,cuando la policía les indicó que debían retirarse de ese espacio público.
A fines del año pasado, en un corte de ruta en el puente de Río Perico, quien era por ese entonces era jefe de policía, Guillermo Corro, simuló un acercamiento e incluso saludó al referente de SEOM Santiago Seillant, pero segundos después los efectivos lo detuvieron por orden expresa del comisario.
Cabe recordar la expresión de ciudadanos de La Quiaca que, tras la muerte de algunos vecinos por coronavirus, salieron a protestar por una terapia intensiva para el hospital local. se ataron a postes simulando una crucifixión para llamar la atención de las autoridades, pero la respuesta que obtuvieron fue un acta contravencional.
En los últimos años se incrementaron las denuncias públicas contra el gobierno jujeño por la criminalización de los reclamos. Referentes de comedores, gremialistas, legisladores, padres de estudiantes, profesionales de la salud e incluso vecinos son blanco de persecuciones de todo tipo en pos de acallar las críticas contra la gestión.
Con una justicia subordinada, una Legislatura a su disposición y muy pocas voces dispuestas a hacerle frente, morales hace gala de su apodo de “emperador” con una doble vara somete a sus detractores mientras da cabida a prácticas no autorizadas para sus amigos.