Jujuy | "Carpetazos" |

Juicios políticos: el gobierno salió a responderle a los fiscales del país

En pleno escándalo por la avanzada del oficialismo contra el fiscal general, Alejandro Ficoseco, y miembros del Tribunal de Cuentas, fiscales de todo el territorio nacional  se dieron cita en Jujuy para denunciar una “grave crisis institucional”. El gobierno denunció intromisión y corporativismo.

El avance del oficialismo contra el fiscal general y miembros del Tribunal de Cuentas a través de la institución del juicio político generaron pronunciamientos por parte de distintos foros a nivel nacional que basaron su crítica en la falta sustento jurídico y en el tinte político de las denuncias. La palabra “apriete” se mencionó más de una vez.

Fiscales de todo el país se dieron cita en Jujuy para denunciar la existencia de una grave crisis institucional en la provincia.

Aseguran que se han venido sucediendo hechos puntuales que demuestran la afectación de la división de poderes, esto es, la intromisión del poder ejecutivo que encabeza el gobernador Gerardo Morales, en asuntos propios del poder judicial y del poder legislativo.

Desde el oficialismo y el propio gobierno salieron de inmediato a responderles.

Primero lo hizo el diputado provincial Ramiro Tizón: “Es una irresponsabilidad, una desfachatez de quienes vinieron a hacer lobby por algo que todavía no ha ocurrido”.

En las últimas horas, se conocieron también las declaraciones del fiscal de Estado, Mariano Miranda: “Son manifestaciones temerarias, con un alto contenido político, por cuanto ante la tramitación de pedidos de juicios políticos en Jujuy, está trabajando uno de los poderes del Estado, el Legislativo, así como también está ocupándose el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo es respetuoso de la actuación que lleven adelante cada uno de dichos poderes”.

Señaló Miranda que las expresiones de esta asociación de procuradores y fiscales constituyen “una intromisión en los asuntos internos de la Provincia, vulnerando la autonomía Provincial de Jujuy”.

“Al manifestar que la creación del Ministerio Público de la Acusación es inconstitucional, dicha afirmación podría traslucir no sólo una defensa corporativa hacia el Fiscal General cuestionado, sino una defensa encubierta a Milagro Sala, quien durante una década privó a los jujeños de paz y de libertades civiles, sin mencionar los actos de violencia y corrupción por los cuales ha sido condenada, cumpliendo prisión preventiva domiciliaria ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación” acotó.

“De esta manera, pretenden que existan funcionarios que no deban rendir cuentas de sus actos ante las autoridades Constitucionales”, señaló.

“A principios de 2016, denunciamos hechos graves de corrupción, dijimos que existió una inacción judicial y una falta de control de aquellos organismos nacionales que debieron auditar el verdadero destino que tenían los fondos que recibían las cooperativas vinculadas a Milagro Sala. Hoy, a pedido de la propia ciudadanía, el Poder Legislativo investiga la responsabilidad política que pudieron tener funcionarios provinciales”, dijo.

Ante esas investigaciones precisó: “esta corporación de procuradores y fiscales de ministerios, atacan la Reforma Judicial que nos ha garantizado recuperar la confianza en las instituciones y la paz social”, agregó el Fiscal. “Debido a la inacción de un estado ausente, se encontraban seriamente comprometidos los cimientos básicos de un estado constitucional de derecho por existir un mecanismo de toma de decisiones paralelo, que resultaba contrario a los principios básicos de la democracia (estado paralelo)”.

El fiscal de Estado Indicó también: “Reafirmamos la Reforma Judicial: modificación de la composición del Superior Tribunal de Justicia y su organización en Salas; los jueces son elegidos por concurso de oposición y antecedentes; creación de la Cámara de Casación; creación de los Ministerios Públicos de la Acusación, de la Defensa Penal y de la Defensa Civil; creación e implementación de juzgados de Violencia de Género, Ambiental, Penal y Económico; la implementación de un nuevo Código Contravencional que establece reglas claras de convivencia democrática; creación de la Oficina Anticorrupción”.

“Hubiese sido bueno y oportuno que quienes hoy se inmiscuyen en la vida interna de Jujuy, hubiesen levantado su voz cuando reinaba la violencia, la amenaza, la coacción, el apriete, el robo de dineros estatales ante la ausencia de actuación por parte de los funcionarios que debían hacer cumplir la Constitución y las Leyes”, agregó.

Finalmente, Miranda ratificó que el Estado de Derecho se encuentra plenamente garantizado en la Provincia de Jujuy, y los Poderes se encuentran avocados a cumplir con sus cometidos constitucionales, cada uno dentro del rol que la Constitución le asigna. “Esto es posible porque cada jujeño es garante de la paz”.
 

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