Jujuy | Carolina Moisés

Carolina Moisés contra el SEPROSA: "Es una aberración que elimina la salud pública gratuita"

La senadora justicialista se unió a Sobremesa (Canal 2) para analizar el alcance e implicancias que tendrá el Seguro Provincial de Salud una vez reglamentado. Acusó a los diputados que lo aprobaron de profundizar el sistema sanitario en beneficio de intereses privados.

No ha pasado siquiera una semana tras la aprobación de la Ley N° 6.453 y aún con muchos puntos por ser esclarecidos, la opinión pública y política han ido tomando posición. Si bien la reglamentación será un paso fundamental para conocer en profundidad el universo objetivo, la forma en que se procederá con las exenciones, mecanismos de cobro, entre otros temas, los espacios opositores sacan sus propios conclusiones acerca de un tema tan controversial que incluso opacó la sanción del presupuesto provincial 2025.

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Durante su última visita a Sobremesa (Canal 2) la senadora Carolina Moisés, del bloque Unidad Ciudadana, expresó su rotundo rechazo SEPROSA calificándolo como una “barbaridad desde los fundamentos y en todos sus artículos”. Tan severas fueron sus críticas que incluso vinculo a los legisladores del Frente Cambia Jujuy que diseñaron el proyecto como promotores de la “destrucción del sistema de salud pública gratuita en beneficio de intereses privados”.

"Esta ley literalmente elimina el acceso al sistema de salud pública para más del 50% de la población jujeña que se atiende en hospitales y centros de atención primaria. Ahora, cualquier persona que gane más de dos salarios mínimos -aproximadamente 540.000 pesos- deberá pagar para acceder a estos servicios".

Al repasar el articulado, punto por punto, la licenciada en ciencias políticas se concentró en el ítem N° 3 de la ley, que establece la necesidad de un registro para acreditar ingresos inferiores al umbral establecido por dos salarios mínimos para casos de eximición. “Es inaceptable que los ciudadanos deban registrarse y acreditar que son pobres para recibir atención gratuita. Esto no es un seguro, es una herramienta coercitiva que obliga a las personas a pagar cuotas mensuales de hasta 50.000 pesos, además de coseguros por cada prestación,” denunció.

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La legisladora también señaló que el artículo N° 11 estipula la baja automática de los beneficiarios que no abonen tres cuotas consecutivas, lo que, según sus palabras, dejará a miles de personas sin acceso a servicios médicos esenciales.

Otro punto que generó su indignación es el artículo N° 12, que obliga a los ciudadanos a demostrar su inscripción en el registro del SEPROSA para realizar cualquier trámite en la administración pública, como obtener un carnet de conducir o una habilitación comercial.

Esto es una aberración total. No solo precarizan la salud pública, sino que también burocratizan y dificultan la vida diaria de los jujeños Esto es una aberración total. No solo precarizan la salud pública, sino que también burocratizan y dificultan la vida diaria de los jujeños

Si bien Moisés reconoció el problema de desfinanciamiento que afecta al sistema de salud pública, culpó tanto al gobierno provincial como al nacional por su incapacidad de encontrar soluciones sostenibles. “El argumento del oficialismo es que necesitan recaudar por el ajuste del gobierno de Milei que eliminó fondos específicos para la salud. Sin embargo, en lugar de buscar alternativas viables, como aumentar la base de adherentes al Instituto de Seguro de Jujuy o colaborar con grandes empresas, optaron por la medida más fácil: cargar el costo sobre los ciudadanos de ingresos medios y bajos,” explicó.

Embed - ¿Qué opinan los jujeños de tener que pagar un seguro para la salud?

Por último cuestionó la aprobación del SEPROSA por parte de legisladores radicales y figuras del peronismo disidente. Particularmente señaló al ex ministro de Salud y actual legislador, Mario Fiad, quien apoyó la iniciativa a pesar de su experiencia en el área administrativa sanitaria.

Moisés concluyó con un llamado a la sociedad y a los actores políticos a movilizarse contra lo que considera un retroceso histórico en materia de derechos sociales. “La salud no puede ser un lujo ni un privilegio. Esta ley es una amenaza directa al derecho humano básico de acceder a una atención médica digna y gratuita,” sentenció.