Sin autorización ni decretos: denuncian la irrupción de "Cannava 2" en Palpalá
La ex legisladora y máxima referente del Movimiento Popular Jujeño, Cristina Guzmán, denunció la habilitación de un nuevo predio de cultivo de cannabis en la finca El Remate, departamento Palpalá, sin que existan decretos ni instrumentos públicos de la Provincia que autoricen la cesión de tierras ni su radicación. La dirigente advirtió sobre el hermetismo y las severas fallas de trazabilidad institucional que rodean al proyecto estatal creado bajo la gestión de Gastón Morales, el cual ya absorbió casi 100 millones de dólares en fondos públicos sin que se conozca la debida rendición de balances ante los organismos de control.
Aunque la Resolución Nacional 3375/2022 del Ministerio de Salud de la Nación autorizó formalmente la ampliación de 5 hectáreas para un banco de germoplasma y mejoramiento genético con metas de 2 millones de semillas anuales, el texto oficial omite sistemáticamente nombrar el predio de El Remate. A la fecha, no existe ningún decreto ni instrumento público de la Provincia que documente legalmente la cesión de esas tierras estatales para la producción cannábica.
"Todo esto está documentado, pero la trazabilidad institucional a veces se corta. En el caso de la primera planta existían autorizaciones y avales legislativos; en El Remate no encontramos la norma provincial que autorice el cultivo en ese lugar", precisó la exlegisladora Cristina Guzmán durante su entrevista a Sobremesa, detallando que el predio requiere infraestructura eléctrica especial e iluminación nocturna de alta intensidad sin que se haya informado su marco regulatorio a los vecinos de la zona.
JujuyalMomento encontró que existe una relación directa entre la finca El Remate, en Palpalá, y CANNAVA. El Gobierno de Jujuy informó que allí la empresa estatal desarrolla su programa de mejoramiento genético de cannabis y que desde 2021 proyectaba instalar en ese lugar un banco de germoplasma para producir semillas propias. En 2024, además, vecinos de la zona cuestionaron públicamente el avance de CANNAVA y reclamaron conocer cuál era el alcance del proyecto sobre esas tierras.
Ahora bien, el dato documental que abre una pregunta concreta es que en el Boletín Oficial Nº 80, del 19 de julio de 2023, aparece la Partida Nº 15039, correspondiente a un inmueble ubicado en El Remate, vinculada a Cannabis Avatara S.E., en el marco de una solicitud de derecho de uso de agua. El documento confirma la vinculación formal de CANNAVA con ese inmueble, pero no permite determinar por sí solo cómo llegó la tierra a manos de la empresa.
La ingeniería financiera: USD 100 millones bajo un velo de opacidad
El análisis de la cronología financiera de CANNAVA S.E expone una inyección ininterrumpida de divisas y fondos del Tesoro provincial que contrasta con la falta de balances públicos. Desde el mutuo inicial de $10 millones en 2018, la firma atravesó sucesivas etapas de capitalización, créditos internacionales y aportes irrevocables sin rendir ganancias comprobables a la comunidad.
El "Universo Financiero" de la empresa pública, armado inicialmente bajo la gestión de Gastón Morales, hijo del exgobernador Gerardo Morales, y continuado por la conducción de Fernando Bruera, asciende a USD 99,9 millones (más de $150.739 millones de pesos al tipo de cambio de referencia):
- Fondos públicos identificados: USD 22,9 millones.
- Crédito público autorizado (2021-2023): USD 77 millones.
- Aportes irrevocables recientes: Transferencia documentada de $2.610 millones en diciembre de 2024.
A pesar de la magnitud de la inversión, CANNAVA SE no presentó la rendición de cuentas completa ante la Auditoría General de la Provincia, manteniendo el ejercicio contable 2024 en estado vencido e incumplido. A esto se suma el estatus de "confidencial" que revisten los registros de exportación de la provincia bajo el rubro de productos primarios en los informes del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sin control externo y con llamado a la reconversión
Dado que la trazabilidad de la genética vegetal depende de informes internos del INASE que no son de acceso público, ningún organismo externo puede fiscalizar en la actualidad si la producción real coincide con lo declarado ante las autoridades. Frente al severo atraso salarial que afecta a médicos, docentes y personal de seguridad en la provincia, la utilización de recursos públicos para el negocio del cannabis se ubica en el centro de las críticas opositoras.
Como alternativa de salida institucional, Guzmán expuso un plan técnico para reconvertir los 2.400 m² de invernaderos automatizados, las cámaras de cultivo in vitro y los laboratorios con certificación GMP. La propuesta contempla transformar el predio en un Polo Biotecnológico y Fitofarmacéutico de plantas medicinales tradicionales (como jarilla, manzanilla y carqueja), además de un centro Agro-Tech para la producción de semillas libres de virus orientadas a productores locales de caña, vid y papines andinos, erradicando el cultivo de cannabis y recuperando el activo estatal para el desarrollo productivo provincial.