Denuncian que la conversión de Cannava a Sociedad Anónima busca eludir controles y "limpiar" la gestión
Tras la publicación en el Boletín Oficial que formalizó la transformación de Cannava S.E. a Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), la referente del Movimiento Popular Jujeño (MPJ), Cristina Guzmán, advirtió que la maniobra vulnera la fiscalización de la Auditoría General y pone en riesgo la trazabilidad de los fondos y cultivos. Además, alertó sobre la existencia de plantaciones no autorizadas en la provincia.
La controversia en torno a Cannava sumó un nuevo capítulo tras confirmarse la publicación del nuevo contrato societario en el Boletín Oficial N° 119, formalizado mediante la Resolución N° 775-DPSC-2026 de la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales y el Decreto P.E. N° 5951-JG. Con esta medida, la firma estatal pasó a llamarse oficialmente Cannabis Avatara Sociedad Anónima Unipersonal (CANNAVA S.A.U.), amparándose en la Ley General de Sociedades N° 19.550.
En declaraciones periodísticas vertidas en Radio 2, la abogada y referente del MPJ, Cristina Guzmán, cuestionó con dureza este viraje institucional que altera de forma sustancial el esquema de contralor sobre los fondos públicos:
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De la Auditoría a Personas Jurídicas: Mientras que las sociedades del Estado están sujetas a la revisión directa del Ministerio competente, la Fiscalía de Estado y la Auditoría General, las S.A.U. pasan a ser fiscalizadas únicamente por la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales (dependiente de Fiscalía de Estado).
Capital 100% público: La dirigente remarcó el contrasentido de reducir los mecanismos de revisión externa cuando el capital social de la firma sigue siendo integrado en su totalidad por el Estado provincial.
"No sabemos si con este cambio pretenden 'lavar todo'. Es como que en la reunión de directorio dieron por aprobado todo y ahora se decide ser una SAU. Sobre lo anterior es como decir 'listo, ya está, ahora empieza borrón y cuenta nueva'", denunció Guzmán.
Falta de información sobre producción y destino de fondos
Durante la cobertura periodística se puso de manifiesto el hermetismo gubernamental en torno a los números reales de la empresa. Pese a que el Ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, afirmó conocer los volúmenes de producción de aceite de cannabis, la información no es de carácter público ni se encuentra publicada oficialmente.
A este escenario de opacidad se suman los interrogantes sin responder respecto a las transferencias millonarias otorgadas por la gestión provincial a la administración saliente de Gastón Morales. "¿Dónde está la trazabilidad? ¿Qué pasa con los recursos y qué pasó con las semillas?", cuestionó la referente del MPJ.
En el plano operativo, Guzmán volvió a encender las alarmas sobre la existencia de cultivos de cannabis que no contarían con las habilitaciones correspondientes de organismos nacionales como el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud.
La dirigente diferenció la situación del predio habilitado en Finca El Pongo de otras plantaciones, como la de Finca El Remate, que carecerían de las autorizaciones e inspecciones oficiales.
En ese sentido, remarcó que los cultivos a gran escala exigen guardia armada las 24 horas y supervisión continua para evitar el desvío de producción o semillas hacia circuitos no regulados.