Sedición institucionalizada
La teoría clásica de la división de poderes fue elaborada, entre otros, por este filósofo francés del siglo XVIII. Según esta teoría, los poderes del Estado son tres: ejecutivo, legislativo y judicial.
Cada uno de ellos tiene una competencia delimitada: el poder ejecutivo; administrar y gobernar, el poder legislativo; elaborar y aprobar las leyes, y el poder judicial: juzgar y hacer cumplir las órdenes de los jueces.
Las teorías políticas de Montesquieu influyeron en cierta medida en la formación de los estados modernos. Aunque falleció en el año 1755, su influencia perdura hasta nuestros días. Según su obra, estos tres poderes debían estar separados para garantizar un equilibrio e independencia y así evitar que los gobernantes acumulasen demasiado poder.
Ahora este país, tira por la borda siglos de avances de la humanidad y Alberto Fernández decide incumplir la orden de la Corte Suprema de devolverle a la ciudad de Buenos Aires los fondos de la coparticipación de impuestos recortados en plena pandemia lo dejó expuesto a consecuencias institucionales y políticas irreversibles. Fue una acción política que el primer mandatario tomó empujado por un kirchnerismo alborotado contra la Justicia, después de la condena de prisión e inhabilitación que recibió Cristina Kirchner por corrupción con la obra pública de Santa Cruz.
La disputa por la coparticipación es, en el fondo, una pelea por los recursos que la política del oficialismo y la oposición tiene a mano para hacer campaña. Eso explica, en sí, por qué Cristina Kirchner sale en auxilio de Kicillof: como un juego de suma cero, lo que le sobre a Larreta le faltará al gobernador bonaerense para defender la provincia, última colina que el kirchnerismo no está dispuesto a entregar.
El gobierno toma esta decisión haciendo una falaz y peligrosa lectura política de las decisiones de la justicia.
“Nosotros explicamos por qué no se puede cumplir, que no es lo mismo que no acatar”, justificaron en la Casa Rosada. En el comunicado emitido por Fernández y los gobernadores, además dijeron que se trató de un “fallo político, de cara al año electoral” y entre calificativos para la sentencia -como “inédito” e “incongruente”- sostuvieron que “la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA”.
Esta decisión del Alberto Fernández pone en riesgo la independencia de poderes y sentaría un antecedente jurídico de rebelión política ante la Corte Suprema.
Una rebelión de este calibre podría ahuyentar a los inversores extranjeros por no respetar la seguridad jurídica.
Retrocediendo 200 años en la historia, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, sólo atinó a escribir en su cuenta de Twitter que "los dirigentes de la oposición defienden los intereses de CABA, en perjuicio de las provincias"… "esto profundiza las desigualdades y pone de manifiesto que la tensión entre unitarios y federales está más viva que nunca".
Nos están empujando en un nuevo abismo, pero esta vez el más grave de todos, quedamos en los umbrales de una sedición institucionalizada poniendo en serio riesgo el estado de derecho.