Beneficios a condenados e imputados: la seguidilla de fallos polémicos que acorrala a víctimas en Jujuy

• Fallos polémicos en Jujuy : Decisiones judiciales recientes generan indignación en víctimas de femicidios y abusos sexuales.
• Beneficios a condenados: Condenados a perpetua obtienen salidas transitorias, imputados por abuso sexual reciben domiciliaria o incluso libertad.
• Revictimización institucional: Familias denuncian desamparo y temor a represalias por parte del sistema judicial.

Una preocupante saga de resoluciones judiciales controversiales volvió a encender las alarmas en la provincia de Jujuy, exponiendo una brecha cada vez más profunda entre los criterios de los magistrados penales y la necesidad de resguardo de las víctimas.

A través de medidas que van desde salidas extraordinarias para condenados a perpetua hasta prisiones domiciliarias y liberaciones de imputados por delitos contra la integridad sexual, la actuación de diversos juzgados de juicio y de control colocó a la Justicia penal en el centro de las críticas.

Las resoluciones, que involucran a causas tramitadas en San Pedro de Jujuy y en la capital provincial, encendieron el rechazo inmediato no solo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las querellas, sino de familias que denuncian una clara revictimización institucional.

Salidas extraordinarias a un femicida condenado

El primer eslabón de esta serie de fallos polémicos se dio a conocer en el marco de la causa por el femicidio de Tania Palacios, ocurrido en 2019 en San Pedro de Jujuy. Mauro Aparicio Maza, ex efectivo de la Policía Federal Argentina condenado a cadena perpetua por asesinar a su pareja con su arma reglamentaria, fue beneficiado con salidas transitorias diarias para visitar a sus familiares.

La medida, dispuesta por el juez de Ejecución de la Pena, Emilio Cattan, permitió que el condenado se traslade a diario bajo custodia policial de 9 a 12 horas. La noticia generó un profundo dolor en la madre de la víctima, quien remarcó que la familia se enteró del beneficio de manera imprevista y cuestionó que el Estado deba destinar recursos móviles y personal para el traslado del condenado, mientras el entorno de la víctima continúa sufriendo secuelas psicológicas sin notificación previa.

Domiciliaria: flexibilización pese al riesgo procesal

En otro fallo que sacudió al Centro Judicial de San Pedro, el juez de Juicio Juan Ángel Cabezas Hametti otorgó la prisión domiciliaria al principal imputado en una causa por abuso sexual sistemático contra una adolescente de 14 años. La resolución se dictó días después de un vuelco clave en la causa: la declaración de la menor en Cámara Gesell, donde reveló que su propia madre la amenazaba para encubrir al agresor.

Pese a que la Fiscalía imputó a la madre por encubrimiento y la Oficina de Protección de Derechos (OPD) retiró la custodia de las menores, el magistrado resolvió otorgar la domiciliaria al imputado de 31 años. El fallo desoyó la firme oposición del fiscal Juan Baiud, quien advirtió sobre el inminente riesgo de entorpetecimiento probatorio y recordó que el sujeto ya había violado una exclusión de hogar previa. Además, la defensa no logró acreditar fehacientemente el vínculo con el inmueble fijado para el arresto ni se cumplían las condiciones objetivas de edad o salud que exige el Código Procesal Penal.

Libertad para un policía federal imputado por abuso

La seguidilla de resoluciones cuestionadas sumó un tercer capítulo con la decisión del juez Roberto Darío Assef, quien dispuso la libertad de un efectivo de la Policía Federal imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y acceso carnal en perjuicio de una menor de edad.

El magistrado rechazó el pedido de prórroga de la prisión preventiva solicitado por el fiscal Alejandro Maldonado —quien requería 20 días para peritar el teléfono del acusado— y ordenó que la pericia se realice con el imputado en libertad. Aunque se fijó residencia en Tilcara y una perimetral de 300 metros, la decisión provocó la desesperación de la madre de la víctima, una menor que atraviesa tratamiento psiquiátrico tras revelar el hecho a partir de un intento de autolesión. La querella advirtió sobre el riesgo real de coacción a testigos dada la condición de uniformado del acusado.

Un sistema que desampara a la víctima

Más allá de las particularidades de cada expediente, las tres resoluciones exhiben un hilo conductor que reaviva el debate social sobre el garantismo judicial: la primacía de los beneficios procesales para el acusado por encima de las garantías de protección de las víctimas.

Entre el desgaste de haber atravesado instancias como la Cámara Gesell, la falta de notificación a las querellas y el temor constante a represalias o al entorpetecimiento de las causas, las familias de Tania Palacios y de las menores involucradas coincidieron en señalar a los magistrados como responsables directos de su seguridad. Ante este escenario, tanto el MPA como las representaciones querellantes avanzan en recursos de apelación para revertir decisiones que consideran un grave retroceso en el acceso a la justicia.