El combate contra los microbasurales clandestinos sumó un capítulo clave en la ciudad de Palpalá, donde tirar residuos en lugares prohibidos ya no saldrá gratis. En una avanzada judicial, la Fiscalía en lo Ambiental No Penal, conducida por el doctor Javier Sánchez Serantes, promovió seis acciones preventivas de daño contra un grupo de personas que fueron enganchadas arrojando de manera ilegal residuos sólidos urbanos en sectores no habilitados de la comuna.
Basurales en Palpalá: identificaron por cámaras a infractores y piden el embargo de sus vehículos
La Fiscalía Ambiental promovió seis acciones preventivas por el descarte ilegal de residuos en zonas no autorizadas de la ciudad siderúrgica. A través de las filmaciones lograron registrar las patentes de los rodados utilizados para tirar basura y ahora los dueños deberán pagar los costos de la limpieza.
La clave para desbaratar esta maniobra estuvo en la tecnología. Las actuaciones judiciales se impulsaron gracias a los registros de las cámaras de monitoreo que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia tiene instaladas de forma estratégica. Los dispositivos de seguridad filmaron el momento exacto de las descargas e identificaron con nitidez las patentes y los vehículos presuntamente utilizados para el traslado de los desechos.
Ante las pruebas contundentes, el fiscal Sánchez Serantes le solicitó formalmente a la jueza ambiental, María Laura Flores, el dictado de medidas cautelares urgentes, consistentes en el embargo preventivo de todos los vehículos involucrados. Con esto se busca no solo garantizar que los infractores respondan ante la ley, sino también cortar de raíz la reiteración de estas conductas que dañan la salud pública.
El dictamen judicial también le dio inmediata participación a la Municipalidad de Palpalá. La comuna tendrá la tarea de evaluar el alcance real de la contaminación en los predios afectados y coordinar los operativos de limpieza y remediación de los suelos.
La vuelta de tuerca económica para los infractores es severa: si los responsables no proceden a reparar el daño de forma voluntaria, el municipio quedó facultado para demandarlos y reclamarles el cobro de todos los costos económicos que demanden las tareas de saneamiento.
Desde la Fiscalía Ambiental recalcaron que el objetivo final es generar conciencia y obligar a la correcta disposición de la basura en los sitios autorizados. Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación ratificó que se mantendrán firmes en la persecución de estas conductas que atentan contra la calidad de vida de los vecinos y el cuidado de los espacios comunes de la provincia.