Banca 13: La silla fantasma que debe ocuparse para el reclamo de los vecinos

La situación resulta particularmente preocupante frente a los graves cuestionamientos que rodean actualmente al sistema de transporte público. La licitación terminó con dos empresas concentrando los corredores adjudicados; mientras una de ellas obtuvo una participación mayoritaria, enfrenta, según denuncias públicas, serios problemas económicos y reclamos vinculados al pago de salarios.

Frente a esto, la ciudadanía tiene derecho a preguntar qué controles económicos y financieros se realizaron antes de la adjudicación, qué garantías se exigieron, cómo se evaluó la capacidad de las empresas para prestar el servicio y qué mecanismos existen para proteger a trabajadores y usuarios ante eventuales incumplimientos. A esto se suma el deterioro que los vecinos denuncian en distintos recorridos: frecuencias insuficientes, unidades que no llegan, problemas en la prestación y pasajeros que deben soportar un servicio que, mientras tanto, incrementa periódicamente su tarifa.

El problema democrático aparece cuando al ciudadano se le exige pagar cada vez más por un servicio público y, al mismo tiempo, persisten los reclamos sobre su calidad y sobre las condiciones laborales de quienes lo sostienen diariamente.

Si el boleto aumenta, la sociedad tiene derecho a exigir que ese incremento vaya acompañado de un servicio acorde con lo que establecen los pliegos y las normas municipales. Si los trabajadores denuncian que no cobran sus salarios en tiempo y forma, también tienen derecho a ser escuchados y a recibir respuestas institucionales. Aquí es donde la Banca 13 adquiere toda su importancia: fue creada justamente para que estas voces puedan llegar al recinto.

Un Concejo Deliberante democrático no debería temerle a una voz incómoda; debería garantizar que esa voz pueda expresarse, escucharla, pedir documentación, solicitar informes y ejercer el control que corresponde.

La función de un concejal no puede reducirse a acompañar automáticamente las decisiones del Ejecutivo municipal. Su responsabilidad institucional es representar a los vecinos y controlar que las políticas públicas y los servicios funcionen en beneficio de la comunidad. Por eso, si la mayoría del Concejo Deliberante está obstaculizando el acceso a la Banca 13 para impedir que los trabajadores del transporte expongan públicamente su situación, corresponde preguntarse qué es lo que se intenta evitar que la ciudadanía escuche. Porque la Banca 13 no pertenece al intendente, no pertenece a la mayoría legislativa, no pertenece a ningún partido político y mucho menos pertenece a una empresa de transporte.

La Banca 13 pertenece a la ciudadanía. Convertirla en una herramienta disponible solamente cuando las voces que llegan al recinto resultan políticamente convenientes sería desnaturalizar completamente su sentido.

La democracia se demuestra precisamente cuando se permite hablar a quienes cuestionan, reclaman y ponen sobre la mesa problemas que incomodan al poder. Los choferes tienen derecho a plantear su situación; los usuarios tienen derecho a reclamar por el servicio. Los vecinos tienen derecho a preguntar cómo se adjudicaron los corredores, qué controles se hicieron, qué garantías se exigieron y por qué se toman determinadas decisiones tarifarias. Y los concejales tienen la obligación democrática de escuchar.