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Transparencia: la ley que marca un lapidario contraste entre Salta y Jujuy

Una normativa en la vecina provincia obliga al gobierno de Juan Manuel Urtubey a brindar explicaciones en forma mensual sobre el estado de las cuentas públicas y la reducción del déficit ante una comisión que representa a distintos sectores de la sociedad; en Jujuy, pese al slogan de gobierno abierto, cuesta conocer cómo utilizan los recursos los distintos ministerios.

Un artículo de ocho renglones emerge como una diferencia sustancial entre los gobiernos de dos provincias con características similares – Salta y Jujuy -, en un contexto en el que los recurrentes golpes al bolsillo hacen que la ciudadanía observe con más atención cómo la política utiliza los recursos públicos. 

El dato fue expuesto durante una entrevista en Radio 2 al jefe de gabinete salteño, Fernando Yarade, quien mencionó que el artículo 49 de la ley de presupuesto 2018 en Salta exige que representantes del Poder Ejecutivo le rindan cuentas a una comisión integrada por representantes de los distintos poderes del estado e intendentes. 

Según la norma, el objetivo de la comisión es el seguimiento y control de las políticas de reducción del déficit fiscal. 

“Para reducir el déficit se toman decisiones económicas, financieras, que requieren apoyo y la decisión política, y como lo tuvimos, también es bueno que cada uno de los sectores tenga representatividad y pueda ver cómo van las cuentas públicas”, dijo Yarade.

El funcionario agregó que esta decisión fue valorada por calificadoras de riesgo que influyen en los créditos que sale a buscar su gobierno. 

Yarade remarcó que el encuentro entre funcionario y los integrantes de la comisión de control se realiza mes a mes. 

La medida se inscribe en una serie de políticas adoptadas en Salta para alcanzar el equilibrio fiscal, objetivo que buscarán alcanzar a fin de 2018. 

Entre otras cosas, el gobierno vecino aplicó un congelamiento a las partidas presupuestarias, y en algunos casos la reducción del 15% en algunas áreas. Lo mismo ocurrió con los salarios que perciben los funcionarios con cargos políticos. 

En Jujuy, según el gobernador Gerardo Morales se hace una revisión “casi bimestral” de la ejecución presupuestaria, aunque el mandatario fue impreciso al referirse a la política de ahorro que genera su gobierno. 

El ministro de hacienda de Jujuy, Carlos Sadir, informó en mayo que se encontraba manteniendo una ronda de reuniones con sus pares para que los diferentes ministerios revisen sus gastos y analicen cuáles podían ser recortados. Nunca se supo de los resultados de esa gestión, que pareció una movida en soledad de Sadir nunca respaldada públicamente por el gobernador. 

En el sitio web de la dirección provincial de transparencia y gobierno y abierto, puede encontrarse un gráfico que discrimina el gasto anual de los ministerios de manera general, pero está desactualizado, ya que el último ejercicio informado es el de 2017. 

“Muchas decisiones tienen marco legal, y eso no tiene vuelta atrás, ya que de eso depende que se recupere la solvencia, y con el correr del tiempo nos vamos dando cuenta que la provincia se desarrolla de manera sostenible en el tiempo cuando lo hace con recursos propios”, indicó Yarade.

Fernando Yarade, jefe de gabinete en Salta