Presentan amparo ambiental y denuncian falta de consulta ante la exploración de litio

En medio de una creciente tensión social y la resistencia de las comunidades originarias, esta semana se llevaron a cabo nuevos monitoreos ambientales vinculados a cuatro pedimentos mineros y cateos con exploración de litio aprobada en la zona de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc.

Para profundizar sobre la situación, Radio 2 dialogó con Cecilia Jezieniecki, representante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quien detalló las irregularidades del proceso y las acciones legales iniciadas recientemente.

El avance de la exploración y los riesgos para el agua

Los trabajos recientes corresponden a la empresa Agilin Resources, la cual tiene autorizada la exploración y la realización de pozos perforatorios de tipo Rotary y Diamantina de unos 600 metros de profundidad. Si bien esta fase inicial busca recopilar información sobre el suelo y el recurso para una eventual explotación, desde la FARN alertan que no existen líneas de base ambiental adecuadas ni información pública clara sobre el funcionamiento hídrico de los salares.

Estudios técnicos realizados por especialistas advierten sobre los peligros de estas perforaciones:

• Riesgo de contaminación: Los pozos proyectados tienen capacidad de contaminar y mezclar la primera capa de agua subterránea (agua dulce y salada).
• Consumo masivo de agua: La minería de litio demanda grandes cantidades de agua (estimadas en unos dos millones de litros por tonelada de litio extraída), a lo que se suma el efecto de bombeo que "chupa" el agua dulce circundante, secando aguadas que históricamente se utilizaban para la pastura de animales.
• Falta de información: Los impactos de los pozos Rotary y Diamantina no fueron informados ni considerados en las reuniones de las UGAM (Unidades de Gestión Ambiental Minera), donde solo se minimizaron los efectos mencionando la presencia de ruidos o polvo.

Denuncian ausencia de consulta previa y control estatal

Desde las comunidades y la FARN denuncian que los proyectos avanzan sin cumplir con el derecho a la consulta previa, libre e informada consagrada en el Convenio 169 de la OIT. Según explicaron, el gobierno provincial y las empresas limitan la consulta a determinados superficiarios o comunidades con títulos formales o RETEHES aprobados, dejando de lado a una gran parte de los pobladores ancestrales que habitan el territorio pero cuyas tierras no están regularizadas.

Asimismo, cuestionaron el rol del Ministerio de Ambiente provincial:

• El organismo ambiental no realiza un control sustantivo ni evalúa los riesgos de los informes de impacto ambiental presentados por las empresas.
• Su intervención se limita a emitir dictámenes formales indicando que no hay zonas protegidas o reservas naturales en el área, delegando de hecho toda la supervisión en la autoridad minera.
• Se registra un fuerte hermetismo y burocracia para acceder a los expedientes públicos, utilizando un lenguaje sumamente técnico que dificulta la comprensión de los pobladores locales.

Acciones legales ante la justicia jujeña

Ante este escenario de conflictividad social y vacíos en los controles, la FARN y las comunidades presentaron una acción de amparo ante el Juzgado Ambiental de Jujuy, dirigida contra el Estado provincial y la empresa titular de los pedimentos.

En la presentación judicial se solicitó una medida cautelar para frenar de inmediato los procesos de monitoreo y la ejecución de los pozos Rotary y Diamantina. Se espera que el proceso judicial demande entre seis meses y un año hasta obtener una sentencia definitiva, mientras las comunidades continúan manifestando su firme oposición en el territorio para defender el agua, recurso vital para su subsistencia.