Amnistía Internacional advierte sobre falta de avances en causas por la represión en Jujuy
Por las lesiones sufridas durante las protestas de 2023, el organismo internacional alertó sobre un posible patrón de impunidad y reclamó que se investiguen las responsabilidades políticas detrás del accionar policial.
La directora de Litigio de Amnistía Internacional Argentina, Marila Galeazzi, expresó su preocupación por la falta de avances en las investigaciones judiciales vinculadas a la represión de las protestas ocurridas en Jujuy en 2023, en el marco de la reforma constitucional provincial.
Según explicó, la organización se presentó ante la Justicia jujeña en calidad de “amigo del tribunal”, con el objetivo de aportar recomendaciones que permitan impulsar las causas en las que se investigan graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas lesiones oculares irreversibles sufridas por manifestantes.
“El panorama es alarmante. No solo por la gravedad de los hechos, sino porque, a casi tres años, no hay avances significativos en las investigaciones”, señaló Galeazzi.
Las protestas, que contaron con una fuerte participación de comunidades originarias, fueron reprimidas por fuerzas de seguridad provinciales. A partir de ese contexto, Amnistía Internacional realizó una investigación que incluyó más de 100 entrevistas, reuniones con autoridades y el análisis de información de otros organismos presentes en el territorio.
El informe resultante concluyó que existió “un patrón de uso ilegítimo, arbitrario y desproporcionado de la fuerza”, incluyendo el uso indebido de armas menos letales. En total, se registraron más de 170 personas heridas.
Entre los casos más emblemáticos se encuentran los de Liam Lamas, Joel Paredes y Ernesto Aguirre, quienes sufrieron lesiones graves, incluida la pérdida de visión en un ojo. Sin embargo, Galeazzi advirtió que en estas causas “no hay identificación de responsables ni avances concretos”.
Uno de los principales cuestionamientos del organismo es que las investigaciones se limitan, en los pocos casos donde avanzan, a los agentes que actuaron en el terreno, sin profundizar en la cadena de mando.
“No alcanza con identificar a quien disparó. Es fundamental investigar quién dio las órdenes, cuáles fueron las instrucciones y qué responsabilidades tienen los niveles superiores”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que no se han realizado medidas básicas de investigación, como requerir los protocolos de actuación, reconstruir las órdenes impartidas o determinar cómo se definió el operativo de seguridad.
“Esas son las preguntas que hoy siguen sin respuesta”, enfatizó.
Desde Amnistía también manifestaron preocupación por lo que consideran una asimetría en el accionar judicial. Mientras las causas por las lesiones avanzan lentamente, se impulsaron procesos penales contra manifestantes.
“Hubo cerca de 80 personas criminalizadas por participar en las protestas, con causas que avanzaron con mayor rapidez”, indicó Galeazzi, quien consideró que esto constituye otra forma de vulneración de derechos.
La organización también alertó que la falta de investigación y sanción puede consolidar un escenario de impunidad y habilitar la repetición de estos hechos.
“Si no hay rendición de cuentas, no solo se deja sin respuesta a las víctimas, sino que se genera un contexto propicio para que estas situaciones vuelvan a ocurrir”, advirtió.
En cuanto a las gestiones realizadas, Galeazzi explicó que Amnistía mantuvo reuniones con autoridades judiciales provinciales, incluyendo el Ministerio Público de la Acusación, y presentó información y propuestas concretas para avanzar en las causas. No obstante, hasta el momento, aseguró que solo han recibido respuestas formales sin avances sustantivos.
Finalmente, la referente de la organización enmarcó lo ocurrido en Jujuy dentro de una tendencia global.
“Estamos viendo una restricción creciente del espacio cívico y una tendencia a considerar la protesta como una amenaza. Eso deriva en respuestas estatales cada vez más violentas”, concluyó.