Si, tal como denunció FOPEA, desde el Gobierno provincial se intentó presionar para impedir la publicación de una información y posteriormente se utilizó la publicidad oficial como mecanismo de represalia por no haber logrado silenciar al medio, estamos frente a una conducta incompatible con los principios más elementales de la democracia y la ética pública.
Alberto Siufi y Lello Sánchez: distintas temáticas, pero la misma metodología
Lo ocurrido con el semanario El Expreso de Jujuy es de una gravedad institucional que no puede minimizarse ni disfrazarse de una simple diferencia entre funcionarios y periodistas.
El secretario de Prensa, Alberto Siufi, no puede confundir su función de vocero del Gobierno con la de censor de los medios de comunicación, ni mucho menos atribuirse la potestad de decidir qué deben publicar los periodistas y qué información tiene derecho a conocer la sociedad jujeña.
La publicidad oficial no es una dádiva personal del funcionario de turno, ni una herramienta para premiar obediencias, castigar críticas o disciplinar voces incómodas: es un recurso público que debe administrarse con criterios transparentes, objetivos y ajenos a cualquier condicionamiento editorial. Pretender que un medio retire una publicación porque incomoda a determinados sectores del oficialismo y luego dejar de enviarle publicidad como represalia constituye un comportamiento autoritario, abusivo y una muestra alarmante de desprecio por la libertad de expresión.
La gravedad del episodio amerita una respuesta política e institucional inmediata. Los legisladores de Jujuy, especialmente quienes tienen la responsabilidad de controlar al Poder Ejecutivo, deberían promover la convocatoria a interpelación del secretario de Prensa, Alberto Siufi, para que explique quién impartió las instrucciones, con qué autoridad se intentó condicionar la labor periodística, por qué se interrumpió el envío de publicidad oficial y bajo qué criterios se distribuyen los recursos públicos destinados a los medios de comunicación.
No alcanza con guardar silencio ni con mirar para otro lado: el funcionario debe dar explicaciones ante la representación parlamentaria y la ciudadanía. En una democracia, los funcionarios están obligados a rendir cuentas, no los periodistas a pedir permiso para informar. El poder público no puede convertirse en una maquinaria de intimidación contra quienes ejercen el derecho de investigar, opinar y cuestionar.
Cuando un Gobierno pretende comprar silencios con dinero público o imponerlos mediante presiones, no solamente ataca a un medio de comunicación: vulnera el derecho de toda la sociedad a estar informada. Jujuy no necesita funcionarios que confundan autoridad con impunidad ni voceros que pretendan administrar la libertad de prensa desde un despacho; necesita instituciones que funcionen, legisladores que ejerzan el control que les corresponde y un Gobierno que entienda, de una vez por todas, que la crítica periodística no es una agresión al poder, sino una parte indispensable de la vida democrática.
Lo verdaderamente preocupante de estos episodios, aunque sus protagonistas y sus ámbitos de actuación sean diferentes, es que parecen responder a una misma lógica de ejercicio del poder: utilizar las estructuras del Estado como instrumentos de presión, disciplinamiento e intimidación contra quienes resultan incómodos para el oficialismo.
No se trata de comparar responsabilidades ni de equiparar situaciones jurídicamente distintas, sino de advertir una metodología que erosiona peligrosamente la calidad institucional de Jujuy. El caso del exprocurador Sergio Lello Sánchez, cuya salida del Gobierno estuvo precedida por graves cuestionamientos sobre su actuación en el ámbito judicial y las denuncias de utilización del aparato de la Justicia para perseguir y presionar a ciudadanos, dejó interrogantes que todavía merecen respuestas.
Ahora, las denuncias que involucran al secretario de Prensa, Alberto Siufi, vuelven a poner sobre la mesa una práctica igualmente preocupante desde otro ámbito: utilizar los recursos y las herramientas del Estado para condicionar conductas, esta vez intentando intervenir sobre la libertad de trabajo de un medio periodístico mediante presiones y la presunta suspensión de publicidad oficial.
Cambian los escenarios, cambian los funcionarios y cambian los destinatarios de las presiones, pero el denominador común es la pretensión de utilizar el poder público para disciplinar a quienes no se someten a sus intereses. Y eso es precisamente lo que una democracia no puede tolerar. El Estado no puede ser una herramienta de persecución para el ciudadano que piensa diferente, ni una caja de premios y castigos para los medios que informan sin pedir autorización al Gobierno. Mucho menos puede naturalizarse que quienes ocupan cargos públicos crean que su función consiste en proteger al poder de las críticas, en lugar de garantizar el funcionamiento transparente de las instituciones.
Estos comportamientos, de comprobarse, no son simples errores de gestión ni diferencias de criterio: representan un deterioro profundo de la ética pública y del sistema de controles democráticos. Por eso, la Legislatura no puede permanecer indiferente. Así como corresponde exigir explicaciones por las actuaciones del pasado, también debe convocarse a Alberto Siufi para que responda por las presuntas presiones a El Expreso de Jujuy y explique los criterios utilizados para administrar la pauta oficial.
Jujuy necesita salir de esta lógica de funcionarios que parecen sentirse propietarios del Estado y de sus recursos. Los cargos públicos son transitorios, pero el daño que provoca el abuso del poder sobre la Justicia, la libertad de expresión y los derechos ciudadanos puede perdurar durante generaciones.
Una provincia no fortalece sus instituciones silenciando críticas, persiguiendo disidentes o castigando periodistas; las fortalece garantizando que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley.
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