Para el diputado Ballesty, el ajuste es una puesta en escena y la deuda es el verdadero problema
El diputado provincial Kevin Ballesty lanzó duras críticas contra el Decreto Acuerdo N° 5084 y aseguró que las medidas anunciadas por el Gobierno no abordan la verdadera situación financiera de jujuy.
Para el legislador libertario, Kevin Ballesty, el decreto de ajuste del gobierno es “escaso y totalmente errado” y no resuelve el problema de fondo. “Es una simulación de un problema mucho más grande para la provincia, que no se arregla con suspender el pago de horas extras”, afirmó, al tiempo que remarcó que ese concepto ni siquiera sería aplicable en la práctica estatal, ya que históricamente esas tareas se compensan con descansos y no con pagos adicionales.
Ballesty también cuestionó el supuesto congelamiento de la planta estatal. “Todos los días ingresa gente a la administración pública. Hablan de ajuste, pero el gasto sigue creciendo”, sostuvo.
En ese sentido, apuntó directamente a la gestión iniciada por Gerardo Morales y continuada por Carlos Sadir, a la que responsabilizó por el actual escenario económico. “El gran problema de Jujuy es que durante casi 12 años se gastó todo lo que ingresaba y también lo que se tomó como deuda”, señaló.
El diputado puso el foco en el endeudamiento y en el funcionamiento de las empresas estatales, como Cauchari, GIRSU o Cannava, y aseguró que ninguno de estos proyectos logró generar los recursos necesarios para amortizar las inversiones realizadas. “Se pidió plata en dólares y euros para proyectos que no tuvieron retorno productivo. En algún momento ese cheque en blanco había que pagarlo”, advirtió.
Además, denunció falta de transparencia en torno a la deuda pública. “No se conoce la cantidad de acreedores, los intereses ni los próximos vencimientos. Hay un manejo bajo siete llaves de la información”, indicó.
Ballesty también cuestionó el rol concentrado en la toma de decisiones dentro del Ejecutivo, señalando especialmente al jefe de Gabinete Freddy Morales y al área de Hacienda. Según explicó, incluso los intendentes deben pedir autorización para ejecutar obras en sus municipios, lo que consideró un esquema “antidemocrático”.
El legislador planteó que el decreto podría responder a una estrategia electoral. “Se está redireccionando el gasto público para fortalecer a municipios oficialistas y hacer caja de cara a las elecciones”, afirmó.
Por último, advirtió sobre un posible escenario de crisis más profunda. “Hay que analizar si esto no es la antesala de una cesación de pagos o, al menos, una maniobra para sostener el poder. En ambos casos, es grave”, concluyó.