Frente al colapso del acueducto que abastece de agua a sectores de Los Alisos y Alto Comedero, el vocero del Gobierno sostuvo en conferencia de prensa que la interrupción del servicio habría sido consecuencia de un supuesto sabotaje perpetrado durante el fin de semana por cinco personas. La explicación oficial llegó a tal extremo que casi presentó el episodio como un atentado: solo faltó identificar el origen de la supuesta “célula terrorista” que habría decidido atacar un acueducto en Jujuy.
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Ahora en el Gobierno a la inoperancia le llaman sabotaje
El Gobierno de Jujuy parece haber llegado a un punto en el que ya no puede contener las consecuencias de años de desidia, falta de previsión y escasas inversiones en servicios públicos esenciales como el agua y la energía eléctrica.
Hay una pregunta inevitable que el Gobierno todavía debería responder: ¿qué explicación tiene para los vecinos de otros sectores que también llevan días padeciendo cortes de agua y que ni siquiera dependen del acueducto señalado como objeto del supuesto sabotaje? ¿También allí hubo sabotaje? ¿También hubo cinco personas detrás de cada interrupción? ¿O estamos frente a un problema estructural que el Gobierno intenta explicar recurriendo a un enemigo externo? Porque cuando los cortes de agua y luz dejan de ser episodios aislados y comienzan a repetirse sistemáticamente, resulta difícil atribuirlo todo a contingencias extraordinarias.
El verdadero problema puede estar en años de falta de mantenimiento, planificación insuficiente, inversiones que no alcanzaron para acompañar el crecimiento de la demanda y una administración pública que, en muchos casos, parece haber perdido la capacidad de anticiparse a las crisis. Si se busca un responsable del deterioro de los servicios esenciales, entonces quizá haya que mirar también hacia adentro del propio Estado.
El “sabotaje” no debería convertirse en una explicación automática para cubrir las consecuencias de una infraestructura que no responde cuando más se la necesita. Mientras se buscan responsables externos, miles de jujeños siguen soportando cortes de agua y electricidad, temperaturas extremas y una incertidumbre que se transforma en desesperación cotidiana.
En 2025, Carlos Sadir anunciaba un Plan Maestro Hídrico para la provincia. Hoy, tiempo después, la realidad parece mostrar una paradoja difícil de explicar: se anuncian grandes planes, pero ante una emergencia ni siquiera existirían los recursos suficientes para garantizar una respuesta básica, como contar con una cantidad adecuada de camiones cisterna para abastecer a la población afectada. ¿De qué sirven entonces los anuncios, los planes y las promesas si, cuando llega la emergencia, el Estado no está en condiciones de responder? La situación excede hace tiempo los límites de una simple molestia para los usuarios.
Estamos hablando de servicios esenciales de los que depende la vida cotidiana, la salud, la higiene y la dignidad de miles de personas. Todos los límites parecen haber sido superados en sectores críticos de la provincia y, mientras la población soporta las consecuencias, el Gobierno parece responder con explicaciones que trasladan la responsabilidad hacia terceros, se victimiza frente a los cuestionamientos y reacciona con enojo cuando se reclama auditoría, transparencia o explicaciones.
La pregunta que comienza a instalarse, entonces, es inevitable y mucho más profunda: ante la reiteración de cortes de agua y electricidad, la falta de previsión y la eventual incapacidad estatal para garantizar servicios esenciales durante períodos prolongados, ¿no debería comenzar a analizarse si se está ingresando en un terreno que podría tener consecuencias jurídicas mucho más graves, incluso en relación con la eventual figura de abandono colectivo de personas?
No se trata de afirmar que esa figura jurídica ya esté configurada, sino de preguntar hasta dónde puede llegar la responsabilidad de un Estado cuando la población queda reiteradamente expuesta a la falta de servicios esenciales sin una respuesta adecuada. Una cosa es enfrentar una emergencia imprevisible y otra muy distinta es administrar durante años un sistema que, llegado el momento crítico, demuestra no tener capacidad suficiente para responder.
El hartazgo social no aparece de la nada: crece cuando las promesas se acumulan, las soluciones no llegan y las explicaciones oficiales comienzan a parecer insuficientes frente a una realidad que los vecinos padecen todos los días.
Jujuy no necesita más excusas: necesita agua, luz, infraestructura, planificación, controles y funcionarios capaces de responder por sus decisiones.