Ampliarán denuncias contra cooperativas y ex funcionaros del IVUJ por 1 millón de pesos
El documento apunta contra los “cabecillas” de doce cooperativas, por haber recibido entre enero y mayo del año pasado, recursos “millonarios” para la construcción de viviendas que nunca fueron ejecutadas.
Los denunciados son: Olga Inés Tufiño, de la cooperativa Jalisco; Marco Fernando Almasana, cooperativa San Cayetano; Alberto Esteban Cardozo, Tekure; Juan Manuel Nieva, Nueva Esperanza; Damian Héctor Lacsi, Moreno; Ramón Fernández, La Banda; Eduardo Sergio Zequeiro, 26 de Agosto; Carlos Diego Cruz, Rimay; Roque Sala, 28 de Septiembre; Marcelo Almasana, 18 de Julio Ltda.; Marcia Ivone Sagardia, 21 de Mayo; Juan Manuel Aguilera 14 de Enero.
Entre enero y mayo del 2015, cada una de las cooperativas mencioandas habrían cobrado dos montos de entre 63 y 56 mil pesos.
En cuanto a los funcionarios involucrados, se destaca que “son quienes firmaron los convenios de obra y dieron la orden de pago sin respaldo técnico necesario” entre ellos el vocal social a cargo de la presidencia del IVUJ Pablo Tolosa, Lucio Abregú, presidente del IVUJ y la jefa del Departamento Administrativo Financiero de ese organismo, CPN Marta I. Gutierrez, quien libró los fondos pese a las irregularidades existentes.
Se hace notar también que “las cooperativas forman parte conjuntamente con otras entidades similares de una articulación más grande que las abarca y dirige que es la Organización Social Tupac Amaru que lidera Milagro Sala, juntamente con otro grupo de personas que la gobiernan, manejan y operan sus actividades”.
Para el gobierno “se tratará de una Asociación Ilícita, cuyo fin es la Comisión de delitos entre ellos, el de fraude a la Administración Pública, agravada por la cantidad de personas y la participación de funcionarios públicos, aplicable el tipo de la Asociación Ilícita agravada según Artículo 210 bis del Código Penal y también por “Incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”.
Estiman que bajo la figura de una cooperativa se aprovecharon para apoderarse de fondos de la Administración Pública, siendo que esas instituciones poseen un fin social y de beneficio para sus integrantes.
Los fondos estaban necesariamente destinados a la construcción de viviendas y mejoramientos habitacionales e infraestructura.