Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner anunciaron este martes que aportarán nuevas pruebas que sostienen la inocencia de la expresidenta en la causa Vialidad. "Estábamos convencidos que la verdad iba a salir a la luz", sostuvo Carlos Alberto Beraldi, en conferencia de prensa.
Abogados de Cristina Kirchner presentarán pruebas que la beneficiarían en la causa Vialidad
Los letrados defensores presentaron nuevas pruebas surgidas de la causa Cuadernos y cuestionaron los fundamentos de la condena en Vialidad. Además, sostuvieron ante la ONU que el proceso vulneró garantías y tuvo como objetivo impedir una futura candidatura de la expresidenta.
Según los letrados, las empresas de Lázaro Báez no habrían sido especialmente beneficiadas por los fondos del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, uno de los puntos analizados en el expediente. “La imputación es falsa”, continuó Beraldi. En tanto, el brasileño Rafael Valim agregó: “No hay ningún fundamento fáctico para condenarla”.
Beraldi, Valim y Javier Borrego citaron a la prensa a las 15 en el NH Hotel, ubicado en Microcentro, para comunicar “información de relevancia” referida a la comunicación individual que presentaron a finales de julio ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la que documentaron un total de ocho violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el proceso judicial contra la exmandataria.
En la presentación, los abogados aseguraron que el juicio constituyó una violación de múltiples garantías y remarcaron que “el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral” de Kirchner. “La condena perseguía impedir su candidatura en futuras elecciones”, afirmaron y agregaron que “la inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de sus derechos políticos”.
En el documento elevado a la ONU también cuestionaron la legalidad de la condena. Consideraron que “se atribuyó la responsabilidad de actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente” y que la sentencia “se basó en la firma del Decreto 54/2009, todavía vigente”. Además, denunciaron que “se impidió una adecuada defensa”.
La nueva prueba surgida de la causa Cuadernos
Beraldi precisó que el pasado 6 de agosto, durante una audiencia de la causa Cuadernos, la fiscalía presentó como testigo a un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad, quien exhibió una base de datos con el detalle de la distribución de los fondos del fideicomiso. “Nosotros no habíamos podido ver eso antes”, señaló.
Según explicó, al tratarse de información completa sobre los fondos destinados a obra pública a través de ese fideicomiso, la defensa solicitó la documentación e inició una investigación. “Encontramos una prueba determinante”, sostuvo Beraldi.
De acuerdo con los datos expuestos por los abogados, entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015 se destinaron más de u$s2.000 millones a la Dirección Nacional de Vialidad mediante ese mecanismo. Del total, las empresas del Grupo Austral, vinculadas a Báez, habrían recibido el 0,85%.
Para Beraldi, esa información contradice uno de los fundamentos utilizados contra la expresidenta. La defensa sostiene que el Decreto 54/2009 establecía un mecanismo general para financiar obras viales y no había sido diseñado específicamente para favorecer al empresario santacruceño.
Según explicaron, la información fue obtenida a partir de documentación sobre la distribución de los fondos del fideicomiso investigado en Vialidad y fue presentada por Rafael Valim en el informe “Evolución de los desembolsos del Presupuesto Nacional RA 2009 a 2015”.
Valim aseguró que la nueva documentación representa “un giro decisivo” para la estrategia de la defensa. El análisis de los datos estuvo a cargo de un equipo de economistas brasileños encabezado por Antonio Corrêa de Lacerda, expresidente del Consejo Federal de Economía de Brasil.
De acuerdo con el análisis presentado, las empresas vinculadas a Lázaro Báez habrían recibido apenas el 0,85% de los recursos, mientras que otros grupos empresarios concentraron porcentajes mayores. Entre ellos, los abogados mencionaron a firmas vinculadas al entorno del primo del expresidente Mauricio Macri, que habrían recibido casi el 16% de los fondos.
Para la defensa, estos datos cuestionan el argumento de que el fideicomiso fue utilizado para beneficiar particularmente a las empresas de Báez. Beraldi adelantó, además, que la nueva documentación será incorporada a la presentación realizada ante Naciones Unidas y que también será utilizada para impulsar un recurso de revisión de la condena.
“Frente a este hallazgo, llevamos la prueba a Naciones Unidas”, afirmó el abogado. Borrego, por su parte, cuestionó especialmente la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y sostuvo que a la expresidenta la condenaron “porque estorbaba”.
Según explicó la defensa, la estrategia tendrá tres vías: la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un recurso de revisión y una vía interna destinada a cuestionar los efectos de la sentencia.