“Es un punto de inicio”, dijo el fiscal de estado
Mariano Miranda, representante del estado provincial en el juicio que culminó con la condena a 13 años para Milagro Sala, consideró importante el fallo del tribunal por ser un punto de partida, y recordó que aún queda pendiente de resolución la “megacausa”, que investiga penas sumas de dinero mayores.
Puede decirse que si Milagro Sala hoy está condenada a 13 años de prisión y pasará un largo tiempo tras las rejas es, en parte, por la actuación del fiscal de estado Mariano Miranda.
Fue el funcionario, en representación del estado provincial, quien promovió formalmente la denuncia contra la líder de la organización Tupac Amaru y los integrantes más cercanos a la red de organizaciones sociales que supo concentrar poder y dinero durante la administración kirchnerista.
A partir de la denuncia de Miranda, el ministerio público de la acusación comenzó con la investigación y, tras un proceso de tres años, culminó esta noche con la condena a Sala junto a 14 personas más, entre ellas 2 ex funcionarios del gobierno de Eduardo Fellner.
Terminada la lectura de la parte dispositiva del fallo, afuera del salón Velez Sarfield del edificio de Tribunales, Miranda se acercó a dialogar con la prensa, y se mostró conforme con el fallo.
El funcionario, de los más cercanos al gobernador Gerardo Morales, aseguró que esperan los fundamentos del veredicto emitido por las juezas del tribunal, no obstante consideró que “es importante el fallo porque establece condenas para miembros de una asociación ilícita y que habíamos dicho que funcionaba y defraudó al estado”.
Además, Miranda recordó que este juicio precede a la denominada Megacausa, donde el defalco que se investiga involucra sumas de dinero mucho mayores. “No nos olvidemos que también se investiga la megacausa”.
“En total el fraude era de 60 millones. También se investigaba la extorsión, la violencia que este grupo ejercía sobre los cooperativistas”, recordó Miranda.
En la megacausa, que cuenta con pedido de elevación a juicio para Milagro Sala y la solicitud de prisión preventiva, el supuesto desvío de fondos públicos asciende a 1.300 millones de pesos.