El fiscal anticorrupción desactivó una “bomba”

Una llamativa discusión de tecnicismos legales tuvo lugar este jueves, durante la audiencia preliminar que antecede al juicio oral y público por el caso de corrupción conocido como “Pibes Villeros”. 

Cuando promediaba el acto, el abogado Juan Ángel Cabezas, defensor del barrabrava Alberto “Beto” Cardozo, pidió que se anule la inminente realización del juicio apuntando directamente contra la intervención del titular de la oficina anticorrupción, Joaquín Millón Quintana, a quien acusó de ejercer "ilegalmente" la profesión de abogado en la provincia de Jujuy. 

Los argumentos de Cabezas dejaron atónitos a los presentes en la sala, ya que inicialmente parecían de una contundencia notable: Millón Quintana acaba de matricularse en el Colegio de Abogados de Jujuy tan sólo 48 horas antes, el 5 de junio de 2018, en un acto de jura que parecía realizado sólo para que llegara sin problemas a la realización de esta audiencia. 

Cabezas señaló que la ley 5.884, de creación de la oficina anticorrupción, exigía que quien desempeñara la conducción del organismo debía tener una antigüedad mínima de 10 años residiendo en la provincia, y 8 ejerciendo la profesión en Jujuy. 

Si Millón se había matriculado el 5 de junio, llevaba horas habilitado para ejercer como abogado en la provincia, en consecuencia su participación en el caso, de vital importancia para sostener la acusación contra los imputados, hubiera sido ilegítima. 

El abogado defensor era consciente de que Millón Quintana llevaba años desempeñándose como abogado en la Capital Federal, donde ejerció funciones en organismos como la Auditoría General de la Nación, pero tenía escasa actividad en Jujuy. De esta manera, llegó a pedir que se anule toda la investigación. 

Mientras Cabeza replicaba durante horas su argumento en los medios de comunicación, después de haberlo expuesto en el salón de tribunales donde se desarrollaba la audiencia, Millón Quintana guardaba silencio, agigantando el morbo que generaba la versión. 

Sin embargo, al momento de intervenir, cerca del cierre de las exposiciones y a última hora de la jornada, el funcionario se defendió con argumentos sólidos. 

En efecto, el titular de la OA, sacó a relucir dos elementos claves para refutar la objeción en su contra. El primero fue el decreto Nº 444, del 12 de enero de 2016, que reglamentó la vigencia y puesta en funcionamiento de la ley que crea la oficina anticorrupción. 

En dicho decreto queda establecido que la antigüedad de residencia puede acreditarse con la aparición del titular del organismo, en este caso Millón Quintana, en el padrón electoral, posibilitando el derecho a sufragar. 

En otras palabras, Millón Quintana demostró que vino a votar a Jujuy en cada elección durante la última década previa a su asunción en la oficina anticorrupción, con lo cuál dejaba acreditada su residencia en la provincia. 

Así cumplía con un requisito que no había quedado explícito en la ley pero sí en el decreto reglamentario de la misma, publicado en el boletín oficial del 12 de enero de 2016. 

Por otro lado, Millón Quintana expuso otro argumento a su favor. 

Según el artículo 14 del estatuto de la abogacía y la procuración (ley 3.329), todos los abogados que deseen intervenir en casos que se desarrollan en los tribunales de Jujuy deben estar matriculados en el Colegio profesional, excepto aquellos que representen a oficinas públicas nacionales, provinciales, municipales y hasta comisiones de fomento. 

En otras palabras, desde el momento en el que Millón Quintana fue designado titular de la Oficina Anticorrupción quedó habilitado para intervenir en el juicio, según el estatuto de ejercicio de la abogacía, aunque su matriculación se haya realizado en las horas previas a esta audiencia. 

Sobre el final, Cabezas pidió que quede constancia que Millón Quintana reconoció que su residencia había sido localizada efectivamente en Capital Federal. El funcionario hizo un gesto como para responder aunque luego desistió. La polémica a esa altura parecía resuelta.