Las cloacas de Monterrico y una denuncia sin pruebas
La intendencia y referentes del gobierno salieron a decir públicamente que el dinero para las obras había llegado “en tres oportunidades”, pero ninguno aportó una sola evidencia para sostener sus dichos.
Hace exactamente un mes, el intendente de la localidad de Monterrico realizaba una grave denuncia por corrupción: Carlos Ibarra, de Cambiemos, apuntaba contra su antecesor, Nilson Ortega, del Frente Para la Victoria, acusándolo de haber recibido en, al menos tres oportunidades, dinero para emprender las obras de la red cloacal en la localidad.
Esa ciudad, a pesar de sus 30 mil habitantes y su pujante actividad comercial, carece en casi su totalidad de este servicio de infraestructura básico.
Como un latiguillo de campaña, el oficialismo salió a denunciar en los medios de comunicación que había evidencias para afirmar que los recursos para la construcción de la red cloacal se habían enviado a Jujuy, no en una sino en tres oportunidades.
El intendente abiertamente, pero también los referentes del ministerio de infraestructura, hablaban de corrupción y sostenían que las obras habían sido pagadas.
La gente, en tanto, reiteraba a través de todos los medios posibles el padecimiento que significa vivir sin este servicio esencial.
Los vecinos respiran olores nauseabundos en pleno centro y se exponen a todo tipo de enfermedades como consecuencia de la falta de higiene.
Sin embargo, como ya pasó en anteriores oportunidades, los funcionarios parecieran borrar con el codo lo que escribieron con la mano.
Como si denunciar corrupción en la obra pública fuera un acto gratuito, los responsables de las oficinas por donde debieron haber pasado los trámites para recibir el supuesto dinero que llegó para la construcción de la red cloacal se llamaron a silencio.
Nadie brindó un solo detalle más para sostener semejante acusación.
Luego de las frases grandilocuentes, ni el intendente de Monterrico ni el ministro de infraestructura ni numerosos miembros del gobierno consultados pudieron responder de qué obras se trataron, en qué fechas, qué ministerio las envió y cuál las recibió.
Ni un solo expediente fue revisado. Ninguna presentación fue hecha en la justicia o ante algún fiscal por la sospecha que todos dicen tener.
Los funcionarios públicos están obligados por ley a denunciar en los estrados judiciales cualquier hecho por el que presuman que se cometieron actos de corrupción.
Sin embargo, los “abanderados de la transparencia” terminan siendo cómplices de quienes denuncian, ya que gritan a los cuatro vientos e indignados que a las obras se las lleva la corrupción, pero no se animan a mostrar una sola evidencia de lo que afirman, convirtiéndose así en populistas que juegan con la buena fe de quiénes los escuchan y les creen.