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Emergencia en violencia de género: Qué dice la nueva Ley y qué queda pendiente

Acorralados por el reclamo social y familiares de víctimas de femicidio, diputados jujeños aprobaron ayer la "Ley Iara" con Nº 6.186, cuyo objetivo es ser una herramienta más para la prevención y erradicación de la violencia de género. Si bien la nueva normativa fue construida propiciando el consenso, no es del todo integral como las organizaciones de la sociedad civil hubieran querido, aunque valoraron que un puntapié inicial fruto de las masivas marchas. Restará saber cómo se reglamenta la ley y si efectivamente se aplica.

  • La Cámara de Diputados provincial aprobó con Nº 6186 la Ley Iara.
  • La discusión llegó al recinto como consecuencia de las movilizaciones sin precedentes que hubo el 28 de septiembre en Palpalá y 30 en capital, donde el movimiento de mujeres y la sociedad en general exigió al estado medidas concretas contra la violencia de género.
  • Si bien la normativa no es integral, organizaciones valoraron que es un puntapié inicial, que se ganó en las calles y que para su construcción se propició el consenso.

En el marco de la 5ª Sesión Ordinaria del año, diputados jujeños aprobaron la normativa Nº 6.186, bajo el título de “Ley Iara", que declara la Emergencia pública en materia de Violencia de Género en toda la provincia, por el término de dos años, con posibilidad de que se prorrogue por un año más.

La Ley Iara, que salió con despacho de las comisiones de Igualdad de Género, Asuntos Institucionales, Finanzas y Legislación General tiene el objetivo de paliar y revertir el número de mujeres y personas del Colectivo LGBTIQA+ en situación de violencia de género y establece que el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género sea la autoridad de aplicación.

A lo largo de cuatro horas de debate los legisladores fundamentaron su voto a favor y en contra y más allá de sus diferencias políticas dejaron en claro que lo que llevó la discusión al recinto fueron las masivas marchas realizadas por los cinco femicidios ocurridos en Jujuy entre septiembre y octubre, donde particularmente el asesinato de Iara Rueda significó un quiebre porque develó todas las fallas en el sistema exponiendo que la actual infraestructura estatal no funciona. De hecho por el caso hay más de cuatro funcionarios imputados por incumplimiento de sus deberes.

Yendo puntualmente a la normativa, su aprobación era inminente por la presión del reclamo social, de las organizaciones y los familiares de víctimas de femicidio. Aquellos diputados que votaron en contra lo hicieron cuestionando que el proyecto no era integral o que no resolvía el problema de fondo, pero no cuestionaron que era necesario una ley de emergencia. Había que discutirlo sí o sí al ser un reclamo que data del año 2007 y que siempre fue encajonado por sucesivos gobiernos.

Algo que se valoró fueron las instancias participativas durante las semanas previas, donde expusieron más de 70 organizaciones civiles y sociales que trabajan con la temática de violencia de género los 365 días del año, así también los familiares de víctimas que concurrieron a la Legislatura a realizar sus aportes.

Ahora que la Ley Iara es un hecho, restará saber cómo se reglamenta y si efectivamente se materializa en hechos concretos. Los colectivos de mujeres y la mamá de Iara Rueda, Mónica Cunchila, ya dejaron en claro que velarán para que así sea.

QUÉ ESTABLECE LA NORMATIVA

En lo inmediato establece:

  • La puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención Integral a la Violencia de Género en la ciudad de Monterrico, Purmamarca, Yuto y Suques, con la posibilidad de que el Ejecutivo Provincial cree otros de acuerdo a la necesidad que surja.
  • Se crearán refugios y/o dispositivos de asistencia y albergue, como instancia de tránsito de las mujeres y personas del colectivo LGTBIQA+, víctimas de violencia. En caso en que el Estado no cuente con inmuebles a tal efecto, se deberá alquilar unidades en hoteles o residenciales.
  • Se asistirá a todos los centros de atención integral y de la diversidad, que contarán con un equipo de profesionales especializados, Promotores Territoriales, los cuales se capacitarán en forma permanente, debiendo demostrar idoneidad en el cargo.
  • También se incorporarán líneas telefónicas de emergencia y contención las 24 horas los 365 días del año, con cobertura en todo el territorio de la provincia.
  • Se fortalecerán los servicios de prevención y asistencia a las víctimas de violencia de género en el ámbito rural garantizando su accesibilidad.

Plantea además que se garantizará en todo el territorio la aplicación de las leyes:

  • Ley nº 5.738 de adhesión a la Ley Nacional nº 26.485 de Protección Integral para las Mujeres.
  • Ley nº 6.140 de adhesión a la Ley Micaela nº 27.499 de capacitación en perspectiva de género en el Estado.
  • Ley nº 6.178 de adhesión a la Ley Nacional nº 26.743 de Identidad de Género.
  • Ley nº 27.452, Ley Brisa de Reparación económica para niñas, niños y adolescentes, hijos de víctimas de femicidio.

Contempla también:

  • La asistencia económica para las víctimas de violencia de género que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
  • Diseño de planes y programas dirigidos a facilitar el acceso a micro emprendimientos y proyectos productivos.
  • Acceso prioritario a programas de vivienda a jefas de hogar que se encuentren en situación de violencia y tengan hijos a cargo.
  • Campañas de difusión y prevención, tratamiento mediático responsable, políticas públicas orientadas a la educación, a la salud y a la seguridad.
  • En el Ministerio de Seguridad se creará una División Especializada en búsqueda de personas en el ámbito de la Brigada de Investigaciones y una Dirección de Políticas de Género y Diversidad. Se aplicará un formulario único para denuncias de violencia de género.

La normativa además establece en su artículo 14 que todo agente público de las fuerzas de seguridad que se niegue u obstaculice la recepción de una denuncia por violencia de género y/o vulneración de los derechos de la diversidad, o no diera curso inmediato a las denuncias de personas desaparecidas, será pasible de una sanción de expulsión de las fuerzas si se acreditare su responsabilidad.

En el artículo 15 expresa que todo funcionario público con condena por delitos cometidos en ocasión de violencia de género quedará inhabilitado para ejercer la función pública.

QUÉ QUEDÓ AFUERA

Las organizaciones de mujeres que vienen luchando por esta ley desde 2007 dejaron en claro en un comunicado que "no están todas nuestras propuestas, pero es la muestra de que empezamos a cambiar algo".

Enumeraron que queda pendiente:

  • PRESUPUESTO: "No se explicita cómo se cubrirán TODOS los gastos necesarios para implementar las medidas que la ley manda realizar. Entonces ¿para qué declarar una Emergencia si no habrá asignación presupuestaria específica e intangible (es decir, que no pueda reasignarse bajo ninguna circunstancia especial)? Sin asignación de recursos no hay política pública posible".
  • COMISIÓN ASESORA: "Valoramos que se incluyan en la Comisión Asesora a representantes de organizaciones feministas, del movimiento de mujeres, disidencias y diversidades sexuales. Pero seguimos reclamando la creación de una Comisión Externa, sin injerencia del Poder Ejecutivo, con poder de fiscalizar el destino de los fondos y capacidad de monitorear las políticas públicas que se apliquen".
  • REFUGIOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: "Celebramos la incorporación de un artículo que disponga la creación de Refugios. Entendemos que esta medida es de ejecución urgente y extendida: debe abrirse al menos un refugio en cada ciudad que tenga una población de 10 mil habitantes en un plazo no mayor a 30 días hábiles. La permanencia en el refugio debe durar el tiempo que sea necesario y debe finalizar sólo cuando se resuelva la situación habitacional de la/s víctimas. También se debe garantizar el acceso a las ayudas económicas correspondientes. En caso de utilización de vacantes en hoteles o residenciales se debe establecer seguridad adecuada y personal capacitado en perspectiva de género para recibir y alojar".
  • CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL: "Para que la atención de primera línea esté garantizada debe haber un Centro en cada localidad. La accesibilidad a atención en las comunidades rurales debe garantizarse creando Centros de Atención Integral Móviles. Además, estos centros deben tener inserción en la comunidad, pudiendo los equipos trabajar articuladamente con instituciones y organizaciones locales".
  • DERECHOS DE LOS TRABAJADORES: "En la implementación de esta ley se debe garantizar plenos derechos laborales para lxs trabajadorxs de todos los centros, dispositivos de atención y programas que se creen, exceptuándolos de Ley de Disponibilidad, para asegurar su permanencia en el territorio. Lxs trabajadorxs también deben contar con apoyo y contención psico laboral acorde a la tarea que desempeñan. Asimismo tienen que acreditar formación en perspectiva de género y derechos e idoneidad para desempeñar el cargo. Para la cobertura de nuevos cargos exigimos que se llame a inscripción pública de evaluación de antecedentes, asegurando la participación de las organizaciones feministas, del movimiento de mujeres, disidencias y diversidades como veedorxs y/o jurados. Para el caso de teletrabajo, deben respetarse los derechos garantizados en la Ley Nacional de Teletrabajo".
  • COMUNICACIÓN: "Respecto a la comunicación el proyecto recupera dos demandas de las organizaciones: la necesidad de realizar campañas públicas y la creación de instrumentos para hacer recomendaciones a los medios de comunicación acerca del tratamiento de la violencia de género. Pero nada dice sobre la necesidad de realizar capacitaciones con perspectiva de género a quienes trabajan en medios públicos o privados. Tampoco refiere a la incorporación de profesionales de la comunicación con perspectiva de género en los equipos de trabajo del Consejo Provincial de la Mujer y los equipos de los distintos dispositivos de los tres poderes del Estado".
  • INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL: "Celebramos la inclusión de estos apartados en la ley pero debería incluir la implementación de beneficios, capacitaciones y convenios con el sector privado que permitan su desarrollo. Se debe atender las especificidades de la comunidad trans travesti, garantizando un cupo laboral trans del 1% en el sector público local en ambos casos implementar".
  • ACCESO A LA VIVIENDA: "Es auspicioso que la ley propicie la adjudicación prioritarias de vivienda a personas en situación de violencias de género pero es necesario establecer cupos para garantizar el acceso al derecho a una vivienda digna".
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