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Oficina Anticorrupción: Una investigación con sabor a poco

Este lunes se presentó ante el organismo que preside la militante radical Josefa Herrera, el médico Carlos Gaspar quien reiteró sus críticas al gobierno de Morales por los desmanejos en el marco de la pandemia. Su abogado dijo que "llama la atención la insistencia de presentar pruebas". Hasta ahora y pese a las fuertes denuncias vertidas contra funcionarios y allegados del gobierno, ninguno de los denunciados prestó declaración, solo los denunciantes.

  • Las sospechas en torno a una supuesta maniobra de apriete por parte del gobierno a través de la Oficina Anticorrupción cobran fuerza a medida que pasan las horas y ningún funcionario rinde cuentas.
  • La titular del organismo le pide a los denunciantes que aporten pruebas.

El médico Carlos Gaspar, una de las personas citadas a declarar por las declaraciones vertidas en medios de comunicación contra el gobierno, se presentó hoy en la Oficina Anticorrupción a cumplir con el trámite de rigor.

Su abogado, Jorge Albesa, dijo a Radio 2 que reiteró sus dichos ante la propia titular del organismo, Josefa Herrera, quién jamás apareció la semana pasada cuando fueron a declarar la mayoría de los citados.

El letrado señaló que la funcionaria se esmeró en aclarar que no hay ninguna persecución de por medio hacia los denunciantes pero que “llama la atención la insistencia de Herrera de presentar pruebas”

De un momento a otro se transformó en una declaración indagatoria De un momento a otro se transformó en una declaración indagatoria

En ese sentido, Albesa remarcó que los requerimientos de Herrera hacia los citados vienen acompañados de limitaciones jurídicas y administrativas. En otras palabras, el trabajo de investigar le corresponde a la oficina y no a los denunciantes. Quizá por esa razón es que el organismo no ha avanzado en ninguno de los casos que salpican al gobierno.

Para el representante legal del médico, el tema se sigue prestando a suspicacias desde el momento en que la carátula es “estudio preliminar iniciado de oficio- declaraciones periodísticas…” y no por hechos de corrupción.

Albesa lo resume de la siguiente manera: “Esto está direccionado para que ante la falta de pruebas se inicien acciones penales contra los denunciantes”.

La preocupación por maniobras disuasorias instruidas desde el Ejecutivo y materializadas por las propias instituciones de gobierno sigue latente. Mientras tanto, la fiscal Herrera, fuertemente cuestionada por su dudosa idoneidad y un claro sentido de pertenencia a la fuerza política que gobierna la provincia, opta por escaparle a la prensa.

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