Su abogado, Jorge Albesa, dijo a Radio 2 que reiteró sus dichos ante la propia titular del organismo, Josefa Herrera, quién jamás apareció la semana pasada cuando fueron a declarar la mayoría de los citados.
El letrado señaló que la funcionaria se esmeró en aclarar que no hay ninguna persecución de por medio hacia los denunciantes pero que “llama la atención la insistencia de Herrera de presentar pruebas”
De un momento a otro se transformó en una declaración indagatoria De un momento a otro se transformó en una declaración indagatoria
En ese sentido, Albesa remarcó que los requerimientos de Herrera hacia los citados vienen acompañados de limitaciones jurídicas y administrativas. En otras palabras, el trabajo de investigar le corresponde a la oficina y no a los denunciantes. Quizá por esa razón es que el organismo no ha avanzado en ninguno de los casos que salpican al gobierno.
Para el representante legal del médico, el tema se sigue prestando a suspicacias desde el momento en que la carátula es “estudio preliminar iniciado de oficio- declaraciones periodísticas…” y no por hechos de corrupción.
Albesa lo resume de la siguiente manera: “Esto está direccionado para que ante la falta de pruebas se inicien acciones penales contra los denunciantes”.
La preocupación por maniobras disuasorias instruidas desde el Ejecutivo y materializadas por las propias instituciones de gobierno sigue latente. Mientras tanto, la fiscal Herrera, fuertemente cuestionada por su dudosa idoneidad y un claro sentido de pertenencia a la fuerza política que gobierna la provincia, opta por escaparle a la prensa.