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Estafas IFE: A los funcionarios jujeños imputados les podría caber 6 años de prisión

Hace dos semanas se inició una investigación de oficio por el cobro del IFE por parte de funcionarios. Algunos involucrados fueron notificados y se los considera ya imputados por defraudación a la administración pública. De comprobarse el delito, les podría corresponder 6 años de prisión.

  • Cobro de IFE por funcionarios: Hay una investigación iniciada de oficio por casos detectados en Jujuy.
  • Se busca determinar el grado de responsabilidad de los imputados hasta ahora.
  • El delito se consuma cuando hay un perjuicio económico, en este caso para el estado.

La Fiscalía inició de oficio una investigación para determinar si los hechos realmente ocurrieron y determinar qué responsabilidad le cabe a los que eventualmente estén involucrados en el hecho.

En diálogo con Radio 2, el Fiscal Federal, Anibal Zurueta, detalló que la investigación no está centrada exclusivamente en los funcionarios que han sido nombrados en los medios de comunicación.

“La investigación es más amplia porque también tenemos que descartar que haya otras personas involucradas, por lo que excede a la situación particular de ellos, para determinar quiénes pueden haber sido responsables de alguna maniobra de este tipo”.

Además, el fiscal agregó que una vez iniciado de oficio la investigación, los auxiliares fiscales se hicieron presente en las oficinas de ANSES y extrajeron de los sistemas informáticos de ANSES toda la información que puede ser útil para la investigación. A su vez, hay otros datos extra que se requirieron a ANSES Buenos Aires, parte de esa información ya fue contestada y están a la espera de más datos.

Zurueta explicó que, hasta el momento, hay personas que ya fueron notificadas sobre la imputación. En principio el delito posible es una defraudación a la administración pública, pero la investigación está en curso y la calificación legal se puede ir modificando durante el desarrollo de una causa.

“El delito se consuma cuando hay un perjuicio económico, en este caso para el estado. En caso que la solicitud del IFE no haya sido aceptada y el pago no haya sido efectivo, el perjuicio no se concretó y por lo tanto el delito no se consumó, lo que no quiere decir que el delito fue en grado de tentativa. Aún cuando no se haya cobrado, podemos hablar de una defraudación en grado de tentativa eventualmente”.

Por último, el fiscal confirmó que la pena máxima que le cabe al delito por defraudación a la administración pública, es de 6 años de prisión.

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