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Fuerte rechazo a la reforma del sistema jubilatorio en la justicia

Desde la Junta del Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura señalaron que el proyecto enviado por el Ejecutivo "atenta contra la independencia judicial", y que no percibe las realidades de los empleados de las provincias ni los sesgos de género.

  • Nuevas críticas a la reforma al sistema jubilatorio de los poderes judiciales provinciales.
  • Sostienen que atenta contra la independencia judicial.

Los integrantes de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial compartieron un documento en el que hicieron público el rechazo al proyecto legislativo de modificación del régimen jubilatorio, que fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

El comunicado:

Los integrantes de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial hacemos público nuestro rechazo al proyecto legislativo de modificación del régimen jubilatorio presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, que atenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales, y que ha sido elaborado sin considerar la realidad de los poderes judiciales provinciales y sin la participación de esta institución, única legitimada para representar los intereses de los más de 15.700 funcionarias/os y magistradas/os que la componen.

El proyecto en discusión agrava la ya acuciante situación de asimetría salarial entre las/os magistradas/os y funcionarias/os de los poderes judiciales provinciales y de CABA, que atienden el 85 % de las causas judiciales del país, cuyos sueldos y jubilaciones no son de privilegio y no se parecen en nada a lo que se expone a la opinión pública como los ingresos de “la justicia”.

Esta iniciativa presenta además una mirada sesgada que desconoce que las magistradas y funcionarias, como el resto de las mujeres, se han visto sometidas a innumerables restricciones en sus carreras profesionales. Este proyecto pretende eliminar la única compensación estructural a esa discriminación al subir la edad jubilatoria de este colectivo a los 65 años, a diferencia del resto de las mujeres de nuestro país.

Quienes trabajamos todos los días en los tribunales provinciales somos conscientes de la realidad económica del país. La vocación por la función pública se asienta sobre el compromiso de mejorar la vida y el bienestar de las sociedades en las que vivimos, por esa razón estamos siempre dispuestas/os a participar en todas las discusiones orientadas a esos objetivos. Este proyecto no mejora las condiciones de vida de nuestros conciudadanas/os ni resuelve los problemas que denuncia.

Hacemos un llamado público a los tres poderes del Estado a trabajar en la construcción de respuestas adecuadas y basadas en las realidades de todo el país que contribuyan a una salida rápida y definitiva de la grave situación económica que nos afecta a las/os argentinas/os.

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