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Desafíos al sistema republicano

El controvertido proyecto de Ley Ómnibus, actualmente bajo análisis en el Congreso, ha desatado una ola de críticas por las restricciones propuestas para las reuniones en espacios públicos. La polémica medida establece que cualquier congregación de tres o más personas exigirá un permiso previo del Ministerio de Seguridad de la Nación, con un plazo mínimo de 48 horas de antelación.

Este inusual requisito forma parte del ambicioso paquete de reformas impulsado por el presidente Javier Milei, quien busca transformar significativamente el panorama político y social del país. Entre las propuestas más destacadas se encuentra la privatización de todas las empresas públicas y el cierre del INADI, marcando el tono de una gestión que busca cambiar radicalmente el status quo.

En el marco de estas reformas, se ha destinado un capítulo específico al ámbito de la Seguridad Interior, focalizándose en la regulación de las manifestaciones. La primera sección de este capítulo contempla sanciones severas tanto para los organizadores como para aquellos que obstaculicen el funcionamiento normal de los transportes durante estas protestas.

El artículo 331 del proyecto propone una modificación al Código Penal, definiendo las reuniones o manifestaciones como "congregaciones intencionales y temporales de tres o más personas en un espacio público" con el fin de ejercer el derecho a la protesta. En caso de aprobarse sin modificaciones en materia de seguridad interior, la ley impondría la obligación de notificar estas reuniones al Ministerio de Seguridad con al menos 48 horas de antelación, detallando aspectos clave como el propósito de la movilización, el recorrido previsto, el tiempo de duración y la estimación de participantes, incluso llegando al extremo de requerir nombres y datos personales de los convocantes u organizadores.

El polémico proyecto de Ley Ómnibus, que introduce notables restricciones a las reuniones en espacios públicos, plantea un proceso detallado para obtener el permiso necesario. Una vez recopilada toda la información requerida, la cartera liderada por Patricia Bullrich expedirá un comprobante que certificará la correcta presentación de la solicitud. Este documento será imprescindible para los organizadores al momento de llevar a cabo la convocatoria, siempre y cuando no genere obstrucciones, impidiera el tránsito o entorpeciera la seguridad.

En este contexto, el Ministerio de Seguridad adquiere la facultad de oponerse a la realización de la reunión, fundamentándose en cuestiones que afecten la seguridad de las personas o la seguridad nacional. Además, se le concede la capacidad de proponer modificaciones al horario, la ubicación o la fecha de la manifestación.

En el caso de manifestaciones espontáneas, el Gobierno propone que la notificación se presente con la mayor antelación posible, manteniendo los requisitos previamente mencionados. Este nuevo requisito para las reuniones sociales o manifestaciones en espacios públicos surge después de días de tensión en el microcentro porteño debido a la implementación del protocolo antipiquetes.

Este protocolo, que se aplicó durante la movilización de las organizaciones piqueteras el pasado 20 de diciembre y nuevamente durante la convocatoria de la CGT en rechazo a las medidas de desregulación económica, autoriza a las fuerzas federales a intervenir para evitar cortes o piquetes utilizando la "mínima fuerza necesaria y suficiente". Además, establece la identificación de los autores, partícipes y cómplices o instigadores, conformando un registro de organizaciones y sus líderes.

En el marco de este proyecto de ley, se propone que, en caso de que se registre una infracción durante una movilización autorizada, el Ministerio de Seguridad de la Nación intimará a cualquiera de los organizadores para que cese el incumplimiento de la normativa y adecúe la reunión a lo establecido. En caso contrario, se implementarán las acciones correspondientes.

Dentro de las reformas propuestas por la administración de Javier Milei para el Código Penal, se introduce una figura penal específica relacionada con la organización de reuniones o manifestaciones. Según el proyecto de Ley Ómnibus, aquellos que dirijan, organicen o coordinen una manifestación que obstaculice la circulación o transporte público o privado, o cause lesiones a personas o daños a la propiedad, enfrentarán penas de prisión de dos a cinco años, sin importar si están presentes en la manifestación o acampe.

La definición de "organizador" se extiende a aquellos que convoquen a otras personas, coordinen la ejecución de la reunión, proporcionen cualquier tipo de medio material o logístico para su realización, o lleven un registro de asistencia mediante cualquier medio escrito o de grabación de imágenes.

Además, la Ley Ómnibus establece que los organizadores serán solidariamente responsables por los daños causados por los manifestantes durante la movilización. Esta medida busca atribuir una mayor responsabilidad a quienes lideran y coordinan las manifestaciones en caso de incidentes o daños ocurridos durante el desarrollo de las mismas.

El sistema republicano, cuidadosamente delineado por el constituyente, se erige como un baluarte fundamental para la estabilidad y desarrollo de un país. Su principal objetivo es salvaguardar a los ciudadanos de la concentración desmedida de poder en un solo gobernante, distribuyendo las atribuciones del gobierno entre diferentes órganos. Este diseño pretende prevenir abusos contra los derechos y libertades individuales, confiando en la intervención de jueces independientes para administrar justicia en caso de vulneración.

En esencia, el sistema republicano actúa como una garantía fundamental. Impide, por ejemplo, que el presidente tenga la capacidad de crear impuestos, aplicar penas, decidir sobre recursos públicos sin control, o privar a los ciudadanos de su libertad física. Estas limitaciones aseguran que el Congreso y los jueces desempeñen roles cruciales en la toma de decisiones y la administración de la justicia, constituyendo los cimientos de la seguridad jurídica necesaria para el crecimiento y desarrollo de una nación.

Sin embargo, las acciones del presidente Milei sugieren un desafío a estos pilares fundamentales del sistema republicano. Su evidente desprecio por el Congreso Nacional, manifestado desde su acto de asunción hasta su intento de utilizarlo como una mera escribanía certificadora de normas, plantea interrogantes sobre su compromiso con los principios republicanos.

La incertidumbre crece al considerar cómo reaccionará el presidente Milei ante la eventual intervención de un juez que detenga la ejecución de una decisión política. Este escenario pone a prueba la fortaleza del sistema republicano y sus mecanismos de control, revelando si el respeto por las instituciones y la separación de poderes prevalecerán en la gestión de gobierno.

En los últimos días, el presidente ha dado un paso audaz al ejercer más de cien atribuciones del Congreso de la Nación de manera simultánea, consolidándolas en un único decreto de necesidad y urgencia conocido como el "megadecreto Nro. 70/23". Esta estrategia, aunque evidente, revela una táctica para dificultar el debido control legislativo, ya que los legisladores se ven obligados a votar el conjunto de temas sin la posibilidad de analizar cada uno de manera individual.

La maniobra se torna aún más compleja cuando el presidente amenaza al Congreso con una opción arbitraria: "o aprueban el megadecreto, o convoco a consulta popular". Esta amenaza, más allá de ser inconstitucional, ya que la Ley Suprema solo permite al presidente convocar a consultas no vinculantes sobre temas de su competencia (y los contenidos del megadecreto no lo son, al ser competencia del Congreso), constituye una amenaza institucional. Aunque respaldada por la legitimidad democrática obtenida en el balotaje, es necesario recordar que los legisladores también fueron elegidos democráticamente en las elecciones de primera vuelta.

El punto culminante de esta serie de movimientos políticos es el envío al Congreso de un megaproyecto de ley que aborda cientos de temas relevantes. Se espera que los diputados y senadores analicen este extenso conjunto temático en el corto período de sesiones extraordinarias. Sorprendentemente, el presidente, tras ejercer sus potestades legislativas mediante el megadecreto, solicita que el Congreso le delegue aún más atribuciones.

Este conjunto de acciones plantea preguntas fundamentales sobre la separación de poderes y la integridad del sistema republicano, poniendo a prueba la capacidad del Congreso para ejercer su rol de control y equilibrio frente a las decisiones ejecutivas.

En última instancia, el presidente ha optado por calificar a aquellos que se oponen a sus decisiones como personas que "no entienden", que tienen intereses económicos que proteger, o incluso los ha tildado de "coimeros". Estas expresiones son reminiscentes del antiguo método kirchnerista de dividir a la sociedad en dos bandos opuestos: "ellos" o "nosotros", un enfoque que conocemos bien y cuyos resultados son sabidos.

El deseo del presidente de gobernar sin la "molestia" legislativa de un Congreso que analice de manera rigurosa los cambios que el país evidentemente necesita revela una aversión a los controles y al papel del Parlamento. No debemos pasar por alto que los buenos proyectos a menudo naufragan en el turbulento mar de la intolerancia y la tempestad autocrática.

La sabiduría de Lord Acton resuena con fuerza: el poder tiende a degenerar, y el poder absoluto degenera absolutamente. Si el presidente ejerce el poder de esta manera tan temprana en su mandato, según la premisa mencionada, los tiempos por venir podrían ser complicados.

Aunque el presidente admira a Juan Bautista Alberdi y la Constitución de 1853, sería pertinente recordarle que en esa Constitución no se contemplaba el ejercicio de facultades legislativas por parte del jefe de Estado, ni se preveían decretos de necesidad y urgencia. Además, la concesión de facultades extraordinarias, hoy conocidas como superpoderes, era y sigue siendo un delito constitucional.

Si bien es necesario consolidar los cambios propuestos por el presidente, el uso de atajos institucionales y métodos apresurados no contribuye a este objetivo. No solo conspiran contra la necesaria seguridad jurídica, sino que también establecen precedentes que podrían ser utilizados por futuros gobernantes para revertir todo con la misma rapidez.

Todos deseamos respaldar la empresa de cambio propuesta por el presidente de la Nación, La gente lo eligió para implementar medidas profundas, pero no para eliminar o relativizar, nada más y nada menos, que el sistema republicano de gobierno.

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