Jujuy | PLAN DE CONTINGENCIA |

Vía libre para usar fondos públicos en la campaña

Desde mediados de 2018 y con la crisis social como argumento, el gobierno diseñó una peligrosa ingeniería legal que habilita a los funcionarios a disponer de dinero público, incluso de préstamos internacionales, sin ser controlados durante todo el año electoral. Uno por uno, los decretos y las leyes modificadas recientemente que lo permiten.

El 20 de julio de 2018, cuando el gobernador Gerardo Morales anunció en el Salón Blanco de Casa de Gobierno el plan de contingencia denominado “Jujuy asiste y Reactiva”, se puso en vigencia una inédita medida que, basada en el argumento de contener la crisis social que dejó la devaluación de la moneda nacional, eliminó mecanismos de control esenciales previstos en las leyes vigentes en la provincia de Jujuy, dejando como únicos garantes de la transparencia en el Estado a los funcionarios designados por el gobernador.

Se trata de tres decretos firmados por el mandatario aquella fecha, que los diputados oficialistas en la Legislatura convirtieron en ley cuatro meses después, y les permiten a los ministros de Desarrollo Humano, Desarrollo Económico, Infraestructura, Turismo, Educación y Seguridad, realizar compras y contratar servicios por montos ilimitados de manera directa, sin la necesidad de buscar los presupuestos más convenientes ni explicar a quien le conceden negocios millonarios a través de transacciones con el Estado.

El primero de ellos, el decreto Nº 7150 del año 2018, establece los objetivos que tendrá cada área, y sólo a tres de ellos (Desarrollo Económico, Turismo y Seguridad), les marca inversiones puntuales. Los dos primeros, para la entrega de créditos a emprendedores, y el restante para obras de refacción en comisarías.
El segundo decreto, Nº 7539, exceptúa a todas las áreas involucradas de realizar llamados a concurso, licitaciones privadas o públicas, como establece el reglamento de contrataciones del estado.  

Por ejemplo, si el ministerio de Desarrollo Humano necesita comprar mercadería para sus programas alimentarios por un valor superior a los 4,5 millones de pesos, estaba obligado a llamar a un proceso de licitación privada. Esto es, invitar a comerciantes y empresas del rubro, pedirles presupuestos, y hacer que compitan entre sí para obtener la mejor compra teniendo en cuenta una relación de precio y calidad.

Si la hipotética compra es superior a los 8,5 millones de pesos, la licitación debía ser pública, y cualquier empresa que considere estar en condiciones de realizar la mejor oferta podía hacerlo.

Todo el proceso había sido pensado para garantizar la transparencia en las operaciones que se realizan con fondos públicos.

A partir de la firma del decreto Nº 7539, sin embargo, los ministerios pueden realizar compras por montos ilimitados, en forma directa, sin la obligación de hacer público quiénes intervienen en la operación.

En los últimos días, dirigentes de la oposición dejaron trascender que precisamente en el área mencionada, se había realizado una compra directa por 200 millones de pesos, para la entrega de mercadería, en el marco del Plan Social Nutricional.

El tercer y último decreto, el Nº 7540, le permite al ministerio de hacienda disponer de todos los recursos de la provincia, aún de aquellos que están en moneda extranjera, para asignárselos a las áreas que intervienen en el plan Jujuy Asiste y Reactiva. La llamativa aclaración sobre los recursos en moneda extranjera inquietó a legisladores opositores: afirman que el dinero obtenido en numerosos préstamos internacionales para proyectos productivos podrían desviar sus fines.

Todas estas disposiciones llevan la firma del gobernador Gerardo Morales y fueron convertidas en ley con el voto de los diputados oficialistas durante la sesión ordinaria que se realizó el jueves 25 de octubre de 2018, pese a los cuestionamientos que ya en aquel momento realizaba la oposición.

Una diputada cercana al gobierno por aquel entonces, Débora Juárez de Bracamonte, advertía que la maniobra tenía como fin destinar fondos a la campaña electoral.

Semanas después Bracamonte sufrió un allanamiento en su domicilio a raíz de una causa que llevaba meses demorada y sorpresivamente se reactivó.

Durante la última semana, fueron los diputados Juan Manuel Esquivel (Unidos y Organizados) y Alejandra Cejas (PJ), quienes advirtieron sobre la misma situación.

“En un año electoral, los objetivos del programa son repartir mercadería, bloques, colchones, cama, chapas, a diestra y siniestra. Esto va a ser totalmente arbitrario, lejos de la capacidad de controlar nuestra o del tribunal de cuentas”, señaló Esquivel.

Justamente el viernes 18 de enero, el gobernador Morales y la ministra de Desarrollo Humano, Ada Galfré, entregaron camas y colchones en el barrio Alto Comedero. El mandatario dijo que el plan “se fortalecerá” a medida que vaya avanzando el año.

La diputada Cejas consideró que, desde el momento en que blanqueó su intención de ser candidato a gobernador nuevamente, Morales se encuentra en campaña.

“Tenemos un candidato a gobernador con todos los recursos de la provincia a su disposición para endeudarse, gastar sin rendir cuentas y de hecho lo hace”, apuntó.

Además, la legisladora se mostró preocupada por el tiempo que podría transcurrir hasta que los actuales funcionarios se vean obligados a explicar cómo fue su desempeño.

“Morales asumió la suma del Poder Público obviando todo tipo de control”, resume la diputada peronista.

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