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Juicio

La fiscalía y la querella piden 4 años de prisión para Milagro

Ya se cumplieron las dos audiencias del juicio a la dirigente tupaquera y se están conociendo los alegatos en la causa en la que está acusada por supuestas amenazas telefónicas a dos policías en 2014.

El Tribunal, integrado por los jueces Antonio Llermanos –presidente de trámite-, Luis Ernesto Kamada y Mario Ramón Puig –habilitado, juzga a Sala como supuesta autora de haber amenazado telefónicamente  a los denunciantes, mientras estaban cumpliendo funciones en la Comisaría Seccional 56 de Alto Comedero.

Milagro Sala está imputada del delito de Amenazas, dos hechos, en concurso real.

Tras cumplirse, la semana pasada, con la segunda audiencia, hoy se pasó a la etapa de los alegatos y podría conocerse el fallo.

Durante el juicio hubo un total de 11 testimoniales, entre ellos el de los dos denunciantes, el oficial principal Rubén Vásquez y la comisario Ángela Cabero, oficial de servicio y jefa de la Seccional 56 Alto Comedero, respectivamente, al momento de los hechos.

Sala se mostró, desde un principio, poco cooperativa con el proceso judicial y hasta llegó a entrar en conflicto con sus propios asesores legales.

En reiteradas oportunidades cuestionó la independencia de los funcionarios judiciales y calificó de "payasada" al juicio en su contra.

También acusó a varios altos funcionarios del actual gobierno de haber estado involucrados en hechos de corrupción y pidió que sean incluidos en la Megacausa, donde está imputada, que investiga el desvió de fondos de Nación que debían destinarse para viviendas.

Recordemos, que en el día de ayer la Corte Suprema de Justicia confirmó la prisión preventiva de Milagro Sala y ordenó a la vez que se cumpla con el fallo de la Corte Interamericana sobre la prisión domiciliaria.

En la jornada de hoy, se están conociendo los alegatos. El fiscal Osinaga y la querella piden 4 años de prisión para la acusada.

Como parte de los fundamentos para pedir la pena máxima, la fiscalía remarcó la condición de funcionaria pública (diputada)  que ostentaba  al momento de los hechos, algo que se considera un agravante.

Asimismo, señaló que la amenaza fue contra otros funcionarios públicos (policías), lo que constituye otro agravante.

El caso

Los hechos habrían ocurrido el 13 de octubre de 2014, cuando la acusada  les exigió la entrega de ropa y calzado secuestrada por la policía, a una mujer que ella conocía y  que sería la dueña de los bienes.

Ante la negativa de los funcionarios policiales, los habría amenazado con “poner una bomba y hacerlos volar”.

 

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