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Jujuy: desafíos y claroscuros

Pese a los esfuerzos del gobernador Morales, la provincia aún no ha superado los vicios de anteriores gestiones que la convirtieron en un pago feudal.

* Editorial del diario La Nación 

La provincia de Jujuy enfrenta por este tiempo múltiples desafíos. Entre ellos, el de la transparencia como contracara de la corrupción que durante años echó sombras sobre ese territorio de frontera, el de fortalecer el orden social, el de garantizar la independencia de los poderes del Estado y el de generar empleo genuino.

A un año y medio de asumir, el gobernador Gerardo Morales ha demostrado, después de más de tres décadas de gobierno justicialista, una impronta que lo diferencia de sus antecesores: busca inversiones para el nuevo parque solar por instalarse en la Puna y para la producción de baterías de litio o la recuperación del tren, convoca a su gabinete a la hora y el lugar que sean necesarios, como ocurrió frente a los últimos aludes que, por ejemplo, sufrieron Volcán y Tilcara, y conduce personalmente enriquecedores espacios de diálogo con un amplio abanico de sectores, incluida una buena relación como aliado político del presidente Mauricio Macri.

En estos meses, la provincia comenzó a recuperar la paz social, a pesar de que aún hay un enorme porcentaje de la población que sufre las necesidades básicas: falta de trabajo genuino y de vivienda, bajos niveles educativos alcanzados, falta de agua corriente y de otros servicios elementales. El narcotráfico sigue siendo un virus que azota particularmente al norte argentino, tal como lo indican los reiterados decomisos de droga por parte de las fuerzas de seguridad, en un giro positivo aunque aún insuficiente, y el consumo de paco, entre otras sustancias. La inseguridad también es otro problema que parece aumentar, aunque por el momento no haya datos públicos certeros.

La agenda noticiosa de Jujuy sigue atravesada por Milagro Sala, que dirigía un poderoso Estado paralelo. Detenida desde enero de 2016, tras recibir el apoyo de organizaciones internacionales de peso, ha logrado victimizar su imagen a escala global. Sin embargo, esa mirada no es la que prevalece en la mayoría del pueblo jujeño, que conoce de cerca su violenta e intimidatoria acción y su antojadizo y oscuro manejo de tantos millones de pesos. Es notable ver cómo los mismos miles de manifestantes que antes Sala empujaba frecuentemente a las calles hoy ya no la acompañan. No hay que confundirse: Sala fue victimaria y no víctima. La sentencia a tres años en suspenso por agresiones a Morales que le impuso recientemente la Cámara de Casación Penal ordenó también investigar las denuncias por amenazas agravadas anteriormente desestimadas.

En este contexto, resolver conforme a derecho la situación procesal de Sala es uno de los desafíos cruciales que enfrenta la justicia de Jujuy. Como sucedía en tiempos del Frente para la Victoria, el poder político sigue teniendo gran influencia en la justicia local, un estilo feudal que perdura en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el caso de la presidenta del Superior Tribunal, Clara Falcone, ex diputada radical y mujer de confianza del gobernador, cuyo desempeño viene siendo justificadamente cuestionado. Ésta es, sin dudas, una grave falencia que evidencia una debilidad institucional de peligrosas consecuencias. Entre los haberes del gobierno de Morales -paradójicamente- se encuentra el nuevo sistema de nombramiento de jueces por concurso. No obstante, la provincia carece aún de una mirada de largo plazo que incluya la profesionalización y una mayor eficiencia de la Justicia en su conjunto. Ésta sigue siendo un ámbito en el que, por debajo de los magistrados, numerosos cargos se reparten sin una estrategia de mérito ni buscando a los mejores, sino a través del viejo método del amiguismo. Por otro lado, urge el adecuado tratamiento de miles de expedientes que duermen en la justicia penal local, en un juzgado residual, depositario de las causas anteriores al nuevo Código Procesal Penal, terreno por demás propicio para la impunidad.

Al igual que otras jurisdicciones, el futuro de una de las provincias más pobres del país requiere de fuertes inversiones en el cambio cultural y en la renovación de su dirigencia política. Los mismos nombres vienen repitiéndose a lo largo de las décadas sin que surjan nuevas caras.

En este terreno propicio al indeseable reciclaje político, miembros de familias ligadas al poder se distribuyen cargos en distintas reparticiones de manera tan llamativa como criticable; se incluye en esta situación a la familia del propio gobernador Morales, que tiene hermanos, hijos y sobrinos, así como un cuñado, ocupando espacios de poder y de gestión, acrecentando el nepotismo y la sensación en la población de que la provincia está lejos de asistir al deseado cambio. Lamentablemente, no se trata del único caso que involucra a familiares del frente oficial.

La transparencia fue uno de los ejes de campaña de Morales. A diferencia de la anterior gestión, hay hoy una saludable tendencia a brindar información cuando se la solicita formalmente. El propio gobernador suele presentar documentos públicos con detalles de proyectos, inversión y políticas de gestión, tal como lo hizo en la apertura de las últimas sesiones en la Legislatura.

Sin embargo, más allá de la creación de la Oficina Anticorrupción, cuyo real alcance se verá cuando investigue a la actual administración, y de la Dirección de Gobierno Abierto, hechos de por sí valorables, la vocación por abrir los datos de la gestión de manera activa es más una promesa que una realidad y demuestra la pobre vocación de los funcionarios por informar como se debe y por todos los medios posibles, sin omitir la Web. Se incluye también en esto el opaco manejo de los fondos destinados a la publicidad oficial.

Los claroscuros de Jujuy revelan el intento por renacer de las cenizas del fellnerismo, lo cual requiere de la llegada de inversiones para desarrollar su potencial económico. Morales se encuentra en un momento clave para sacar la provincia del atraso histórico y de la dependencia económica del Estado, principal empleador. Para ello deberá profundizar en el armado de un esquema político más innovador, dejando atrás viejas mañas de pago feudal para dar cabida a más cambios concretos.

 

 

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