Jujuy | Asado en Agrarias |

El gobierno minimiza el pedido de derogación del código contravencional

Tras los incidentes de agrarias, la UNJU pidió la derogación del código que reglamenta la convivencia; el gobierno salió el cruce y puso en duda que los académicos conozcan su contenido.

Siguen las derivaciones del escándalo en la Facultad de Ciencias Agrarias, perteneciente a la Universidad Nacional de Jujuy. 

Más allá del repudio a la intervención policial, cuyo error es aceptado en forma unánime, la polémica entre las autoridades de la Universidad y el gobierno de la provincia continúa por varios andariveles. 

Uno de ellos es el polémico pedido de los académicos por la derogación del código contravencional. 

El gobierno sostiene que la norma es una de las más progresistas del país, ya que garantiza el derecho de defensa de los ciudadanos en un proceso relativamente breve, en el que se aclara cualquier disputa cotidiana que hace a la convivencia en sociedad. 

Los funcionarios entienden este pedido como una reacción extrema, sólo justificada por la intención de atacar políticamente al gobierno. 

El código contravencional fue una de las normas invocadas por la fuerza policial para justificar el ingreso indebido al territorio de la Universidad, algo que tiene prohibido a menos que medie la autorización de la justicia federal. 

El ministro de seguridad Ekel Meyer, se sumó a la hipótesis que sostiene que el pedido de derogación del código no fue realizado a conciencia por los universitarios.

“Tendrían que informarse si quieren dar un debate verdadero sobre el código contravencional y el nuevo orden social que hay en la provincia; el código ha venido a mejorar la posibilidad de que los ciudadanos se defiendan ante una posible sanción conjunta”, sostuvo el ministro.

Los desmanes en la fiesta que realizaban los estudiantes en Agrarias habrían sido interrumpidos con justo derecho por los uniformados provinciales si el lugar no hubiese sido territorio de la Universidad, en base al código contravencional. 

La norma garantiza, en forma posterior a la intervención policial, el derecho a defensa ante el juez contravencional. 

“Es un instrumento jurídico que mejora la calidad de vida de los ciudadanos”, reiteró Meyer.

 

 

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