Jujuy Al Momento

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Corrupción K

La Oficina Anticorrupción investiga una estafa por $2,5 millones en la Puna

La denuncia sobre la CODEPO llegó al organismo, que intervino en el caso; de 2013 a 2015 se enviaron fondos para aumentar la producción, que desaparecieron sin dejar rastros de las obras.

La denuncia fue realizada a mediados de 2016, cuando el nuevo gobierno dispuso la intervención y posterior realización de una auditoría sobre la CODEPO, un organismo cuyas siglas significan Corporación para el Desarrollo de Pozuelos. 

Esta entidad fue conformada por el gobierno kirchnerista en Jujuy, con el objetivo explotar el potencial de la Cuenca de Pozuelos, una reserva natural de características únicas, situada en la parte alta de la puna jujeña, compartida por los departamentos de Rinconada y Yavi. 

Allí, cientos de comunidades explotan ganado ovino y camélido, dando lugar a la producción de carne y lana. 

El noble objetivo abrió la puerta para el envío de fondos millonarios hacia la institución, con el objetivo de desarrollar la producción en el lugar. 

Sin embargo, la falta de rendición de cuentas fue materia de denuncias recurrentes contra los sucesivos directorios que pasaron por la CODEPO. 

El matadero construido en el lugar es un ejemplo del fracaso de la iniciativa: funciona desde 2002 pero nunca pudo obtener una certificación del SENASA para comercializar la carne que producían las comunidades.

En el último año, la nueva gestión intentó darle curso a numerosos proyectos originados en el lugar, pero el faltante por más de $2,5 millones trabó cualquier gestión. 

Se trata de fondos recibidos para obras en el matadero, la creación de una curtiembre y financiamiento para los productores en el marco de la ley 25.422, conocida como ley ovina. 

La garantía que puso la provincia para obtener estos fondos agrava aún más la situación: el nuevo gobierno, a nivel nacional, exigió la rendición de cuentas, o de lo contrario la devolución de los fondos. 

En caso de no hacerse efectivas ningunas de las dos cosas, serían descontadas de la coparticipación. El estado local tuvo que invertir dinero del presupuesto del último año para rendir esos fondos. 

El complejo cuadro motivó que las autoridades que intervinieron la institución derivaran el caso en la Oficina Anticorrupción, que se encuentra trabajando en el tema. 

 

 

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