Jujuy | Corrupción K |

Tolosa y Abregú, los primeros ex funcionarios con pedido de juicio

Ocuparon cargos en Vivienda durante el gobierno kirchnerista; la fiscalía los acusa de formar parte de la banda liderada por Milagro Sala; la contadora Marta Gutiérrez, con pedido de sobreseimiento.

El ex presidente del Instituto de Viviendas Lucio Abregú junto al ex vocal social de ese organismo, Pablo Tolosa, enfrentarán un juicio oral en caso de que el juez de control Gastón Mercau acceda al pedido de la fiscalía que investigó la causa por el desvío de fondos del programa de mejoramiento habitacional denominado “Mejor Vivir”. 

Abregú y Tolosa fueron funcionarios de segunda línea durante el gobierno de Eduardo Fellner, pero se convertirán en los primeros integrantes del grupo político que gobernó Jujuy hasta diciembre de 2015 en contar con una causa con elevación a juicio por sospechas de corrupción. 

Luego de casi un año de investigación, el fiscal Diego Cussel determinó el cierre de la etapa probatoria, con una enorme cantidad de elementos, entre testimonios, documentos y objetos secuestrados en numerosos allanamientos. 

La hipótesis que la fiscalía plantea es que se conformó una banda liderada por Milagro Sala e integrada por funcionarios, dirigentes y cooperativistas, que tenía por objeto adjudicarse fondos públicos destinados a planes habitacionales, quedándose con ellos sin realizar las obras que tenían como fin. 

De acuerdo a lo expresado por los fiscales, se creaban cooperativas ficticias, que existían en los papeles pero no funcionaban como tales, y recibían obras del Ministerio de Planificación Federal. El único objetivo de su creación era ser adjudicatarias de obras para hacerse con el dinero para obras que luego no se realizaban. 

El espíritu del cooperativismo era resolver el problema de la vivienda y la desocupación, pero nunca se concentraron en ese objetivo, dijo el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez. 

Abregú y Tolosa, dentro de ese esquema, eran los funcionarios políticos con el poder firmar los convenios para la llegada de los fondos, y liberar los mismos sin ejercer control alguno de las obras que se debían realizar. 

En tanto, la contadora Marta Gutiérrez, jefa del departamento financiero de la entidad, ocupó un rol netamente técnico para la fiscalía, por lo que fue pedido su sobreseimiento en la causa. 

 

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