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“La Ley de Ética Pública busca otorgar más transparencia y control”

Lo aseguró el Fiscal Anticorrupción de la provincia de Jujuy, al referirse al proyecto que busca incluir en los sujetos obligados a presentar declaraciones juradas a los órganos de conducción de los sindicatos de empleados estatales.

Luego de la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación en diciembre pasado, los casos de corrupción vinculados sobre todo a la gestión kirchnerista empezaron a salir a la luz de la mano de jueces que estuvieron “dormidos” durante más de una década, tiempo en el que la palabra “corrupción” no parecía estar en el vocabulario de los funcionarios gubernamentales.

Primero fue “La Ruta del Dinero K” encabezada por Lázaro Báez, su hijo Martín, Leo Fariña –que fue quien reveló muchos de estos casos que aún permanecen impunes- y Elaskar. Luego la investigación se fue ramificando y fueron apareciendo otros nombres como Julio De Vido, Milagro Sala y el más reciente de José López y los millones de dólares en el convento.

Todos estos personajes tienen algo en común: no solamente robaban dinero al Estado, sino que además sus patrimonios personales se incrementaron de manera desmesurada.

Por ello es que el Gobierno provincial decidió hace unos meses transparentar su gestión y obligó a todos los funcionarios que forman parte de este gobierno que presenten sus declaraciones juradas que luego serán publicadas en la web para que estén a disposición de todo el que quiera acceder a las mismas.

En este sentido, el Fiscal Anticorrupción de Jujuy, Joaquín Millón Quintana, manifestó a Radio 2 que “el Ejecutivo consultó a la Oficina Anticorrupción como autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública respecto de la posibilidad de que los integrantes de los órganos de conducción de las asociaciones sindicales se encuentren obligados a esta ley. Hay que decir que hay un sometimiento voluntario y, conforme a este proyecto que la Oficina Anticorrupción consideró que era lo correcto, aquellos órganos de conducción de las asociaciones sindicales que perciban aportes de empleados públicos provinciales y municipales y los dispongan o controlen los bienes de estas organizaciones sindicales se encontrarán obligados de aprobarse este proyecto. Hoy en día esto es optativo y nadie se presentó ni tampoco se adhirió”.

“Lo que busca la Ley de Ética Pública es otorgar más transparencia y control y prevenir casos de corrupción. Con la reforma hemos ampliado el número de sujetos obligados a la Ley de Étrica Pública, así como los bienes que sobre ellos deben recaer y es obvio que este tipo de asociaciones sindicales tienen mucha incidencia sobre nuestro contexto, donde una parte importante de la población depende del Estado y sus órganos directivos tienen una alta incidencia en la toma de decisiones públicas, por lo tanto ese es un motivo importante para obligarlos a presentar declaraciones juradas en tanto administren fondos de origen estatal”, sostuvo.

Consultado sobre la cantidad de funcionarios que presentaron debidamente sus declaraciones juradas, Millón Quintana señaló que “de los funcionarios que están actualmente en funciones, tenemos un performance bastante alto, un 96% de funcionarios actualmente en funciones o de sujetos obligados actualmente en funciones han presentado su declaración jurada, lo cual es un número abrumador comparado con otras Oficinas Anticorrupción del país, incluso de la Nación, donde solo tienen un 53% y teniendo en consideración que esta es una oficina reciente en el esquema de poder provincial. Desde luego estamos muy contentos y es el fruto de un trabajo muy arduo”.

“Mientras tanto, aquellos sujetos obligados que estuvieron en funciones diez años hacia atrás, que es lo que establece la ley, tenemos un porcentaje bastante alto con un 86% de cumplimiento, lo cual es también bastante alto”, indicó.

Y aseveró que “el próximo mes empezaremos a hacer una revisión integral de las declaraciones juradas, inspeccionando la evolución del patrimonio teniendo en consideración ciertos conocimientos jerárquicos, que son los que normalmente usan normalmente las oficinas anticorrupción del país”, concluyó.

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